Aunque el rezago en la liberación de permisos comenzó durante la transición administrativa entre la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía, el impacto continúa sintiéndose en la expansión de Estaciones de Servicio en México. 

De acuerdo con Ricardo Quiroz Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, entre 200 y 300 trámites permanecieron detenidos, frenando inversiones durante meses e incluso hasta un año.

Más allá del dato puntual, el dirigente señaló que el sector hidrocarburos es uno de los más regulados del país. La apertura de una estación exige autorizaciones de la Comisión Nacional de Energía, de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y el cumplimiento de múltiples disposiciones fiscales y técnicas. Sin todos los permisos aprobados previamente, no puede iniciarse la construcción.

Cada proyecto requiere entre 25 y 30 millones de pesos de inversión, sin considerar el valor del terreno. “No es que haya incertidumbre jurídica, el problema es que el trámite no es sencillo y puede tardar meses. Eso desincentiva a quien quiere invertir”, explicó Quiroz Hernández.

A esto se suma un entramado de más de 100 requisitos anuales, muchos duplicados entre municipio, estado y federación, que elevan los costos administrativos y operativos. Las inspecciones de organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor y la ASEA son estrictas, y la ausencia de un documento puede derivar en clausuras temporales.

En el plano regional, el referente empresarial destacó la relevancia de Veracruz, donde operan más de 800 estaciones y existen terminales estratégicas de almacenamiento. 

También señaló el potencial para desarrollar biocombustibles derivados de la caña de azúcar, aunque reconoció que los desafíos logísticos siguen siendo un punto crítico, en un esquema donde Petróleos Mexicanos concentra gran parte de la distribución.

El sector, además, enfrenta un nuevo frente de adaptación con la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la denominada “Ley Silla”. Si bien desde AMPES respaldan el objetivo social de estas medidas, plantean la necesidad de apoyos o incentivos que permitan absorber el mayor costo operativo, especialmente en estaciones que funcionan con tres turnos.