La suba del petróleo a niveles cercanos a los 100 dólares por barril, impulsada por la tensión geopolítica en Medio Oriente, comenzó a trasladarse a la estructura de costos de los combustibles en México y forzó al Gobierno a retomar la intervención del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Hasta el 27 de marzo, la Secretaría de Hacienda reactivó los estímulos fiscales sobre gasolinas y diésel, luego de casi un año sin aplicarlos, en una señal clara de que las presiones del mercado internacional ya impactan en la formación de precios internos.

El esquema contempla un estímulo de 24.08% para la gasolina Magna, 7.47% para la Premium y un 61.8% para el diésel, el combustible más expuesto por su vínculo directo con el transporte de carga. En términos absolutos, las reducciones alcanzan aproximadamente 1.61 pesos por litro en Magna, 0.42 en Premium y 4.5 pesos en diésel.

Según explicó a Surtidores el analista Ramsés Pech, la estabilidad observada en los precios al consumidor no responde a una mejora en los costos, sino a una intervención fiscal directa. “El mercado internacional está presionando al alza el precio base, especialmente en terminales. Sin la reducción del IEPS, el incremento habría sido significativamente mayor”, sostuvo.

El especialista remarcó que los aumentos en los precios de referencia, impulsados por costos logísticos, importaciones y tipo de cambio, ya se reflejan en las terminales de almacenamiento, tanto de operadores privados como de Pemex. De esta manera, la baja del IEPS funciona como un mecanismo de contención que evita que ese incremento se traslade de forma inmediata al surtidor.

En el caso de la gasolina Magna, el precio final se mantiene relativamente estable, pero a costa de un subsidio que oculta la presión real del mercado. Para la Premium, la reducción impositiva también amortigua el impacto, aunque persiste el riesgo de nuevos aumentos si continúan escalando los costos base. En diésel, donde se concentra el mayor estímulo, la medida busca evitar un efecto cascada sobre el transporte y los precios de la economía.

Detrás de esta estrategia aparece nuevamente el rol del Estado como regulador indirecto de los precios, una línea que la administración de Claudia Sheinbaum ya había anticipado frente al nuevo escenario internacional. El mecanismo replica lo aplicado durante la Guerra en Ucrania, cuando el Gobierno utilizó el IEPS para contener el impacto inflacionario derivado de la crisis energética global.

Sin embargo, el contexto actual vuelve a poner en evidencia una tensión estructural: México importa cerca de la mitad de los combustibles que consume, por lo que el encarecimiento internacional impacta directamente en sus costos, incluso cuando el país se beneficia como exportador de crudo.

La contención de precios implica una transferencia directa de ingresos fiscales hacia el consumidor, en un intento por evitar que la inflación, que ya se ubica en torno al 4%, por encima del objetivo del banco central, se acelere aún más.

La estrategia se complementa con acuerdos para limitar el precio de la gasolina Magna en torno a los 24 pesos por litro, aunque en el mercado ya comienzan a observarse desvíos y tensiones, especialmente en combustibles de mayor octanaje.