El Ministerio de Minas y Energía de Colombia abrió a comentarios públicos un nuevo proyecto de resolución que propone modificar la metodología para fijar los precios de los biocombustibles como el etanol y el biodiésel en el país.

Según compartió la Asociación de Estaciones de Servicio del Oriente Colombiano con Surtidores LATAM, la iniciativa tiene como objetivo ajustar las fórmulas actuales para que reflejen con mayor precisión las condiciones del mercado internacional y reduzcan las distorsiones que han caracterizado el sistema vigente.

Hasta el 23 de octubre, los distintos actores del sector energético, desde productores hasta comercializadores, podrán enviar observaciones sobre este cambio.

Cabe mencionar que la propuesta busca modernizar un esquema que, según el Ministerio, no representa de forma fiel los costos reales de producción ni las dinámicas globales de los precios de las materias primas.

Uno de los aspectos más relevantes del documento es el reemplazo de los actuales indicadores de referencia: el azúcar en el caso del etanol y el aceite de palma en el del biodiésel. En su lugar, se utilizaría el precio de paridad internacional, tomando como referencia el mercado estadounidense, al que se le sumarían los costos logísticos, arancelarios y de transporte.

De acuerdo con las estimaciones oficiales compartidas por ESOCOL, la aplicación de esta nueva metodología podría traducirse en una reducción promedio del 14,47% en el Ingreso al Productor de etanol durante 2025. Esta disminución encendió las alarmas entre los ingenios y las economías cañicultoras, especialmente en las regiones del Valle del Cauca y Cauca, donde el cultivo de caña de azúcar y la producción de biocombustibles representan un eje fundamental del empleo y la economía regional.

Para el Gobierno, la actualización de la fórmula busca aumentar la transparencia y reducir los costos dentro de la cadena de suministro, lo que beneficiaría principalmente a los consumidores finales y a los comercializadores mayoristas. La medida también busca alinear al país con los estándares internacionales y promover una competencia más equilibrada dentro del mercado de combustibles.

Sin embargo, desde el lado de los productores, la percepción es distinta. La propuesta es vista como un riesgo para la sostenibilidad del sector nacional, que podría perder competitividad frente a las importaciones, especialmente si los precios internacionales se mantienen bajos.

“Más transparencia y competencia internacional, pero también retos para los productores locales”, advirtió ESOCOL. De aprobarse, la nueva metodología entraría en vigor en 2026, marcando un cambio estructural en la política de precios de los biocombustibles.