En una reciente sentencia, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) del Perú ha emitido un dictamen que marca un hito en la regulación de las actividades relacionadas con hidrocarburos en el país. 

Cabe mencionar que la resolución surge a raíz de una demanda de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (Idlads Perú) contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), y ordena a esta entidad la elaboración de un nuevo Reglamento del Registro de Hidrocarburos.

En ese sentido, según lo dispuesto por el TC, se deberá incorporar la realización de visitas o supervisiones previas de instalación, uso y funcionamiento como requisito esencial para otorgar autorizaciones relacionadas con actividades de hidrocarburos. El objetivo principal de estas supervisiones es reducir los riesgos potenciales y posibles daños a la salud, la vida y el medio ambiente.

Asimismo, el dictamen del TC establece un plazo de noventa días hábiles para que Osinergmin complete la elaboración de este nuevo reglamento. La sentencia subraya la necesidad de asegurar que las actividades vinculadas a hidrocarburos se lleven a cabo cumpliendo con las leyes y normas técnicas vigentes, con un enfoque que va más allá de la simple inscripción en el Registro de Hidrocarburos.

Desde el punto de vista del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (Idlads Perú), esta sentencia representa un importante logro en la protección del medio ambiente y la salud pública. 

Según pudo averiguar Surtidores LATAM, desde la organización han argumentado que una supervisión previa más rigurosa es fundamental para prevenir accidentes y minimizar los impactos negativos de la industria en comunidades y ecosistemas vulnerables.

Por su parte, Osinergmin, como el organismo regulador encargado de supervisar las actividades en el sector energético y de hidrocarburos, deberá ajustar sus procedimientos y recursos para cumplir con esta nueva directriz del TC. 

Cabe destacar que esto incluye la necesidad de ampliar sus capacidades de inspección y fiscalización previa a la autorización de actividades relacionadas a ello. Esta sentencia del TC busca equilibrar la necesidad de promover la inversión en el sector con la protección de los intereses públicos y la sostenibilidad ambiental.