El paro campesino y minero que se desarrolló la semana pasada en el departamento de Boyacá dejó un saldo negativo para el sector de distribución de combustibles y para la economía regional. Así lo reveló el informe final presentado este martes por la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, que cifró en más de 428.400 galones el volumen de combustibles líquidos que dejaron de comercializarse en las estaciones de servicio de la zona.

La afectación económica directa para el gremio supera los 5.700 millones de pesos, según el cálculo de la entidad, que incluyó el impacto de la caída en ventas y el perjuicio generado por la paralización de la actividad. Los municipios y el propio departamento también resultaron golpeados, al disminuir de forma considerable la recaudación de la sobretasa a la gasolina y el diésel, recursos que forman parte de la renta fiscal endógena destinada a las finanzas locales.

David Jiménez Mejía, presidente de COMCE y vocero del sector, advirtió que las pérdidas trascienden lo empresarial: “No solo afectan directamente a las estaciones de servicio; también se traducen en menores ingresos para los municipios y el departamento. La sobretasa es un ingreso importante para las entidades territoriales, y su reducción significa menos recursos para inversión y servicios públicos”.

El dirigente gremial remarcó que, aunque el derecho a la protesta pacífica es legítimo y debe ser protegido, los bloqueos de vías generan consecuencias que van más allá del conflicto puntual: “El cierre de carreteras interrumpe el comercio, paraliza la economía y termina afectando derechos fundamentales y servicios esenciales para el resto de la población. En el caso de las estaciones de servicio, se trata de un servicio público indispensable para el transporte, la producción y la vida diaria de los ciudadanos”, señaló.

En ese sentido, Jiménez Mejía hizo un llamado a que, en futuros escenarios de protesta, se prioricen los canales de diálogo y concertación, evitando medidas de hecho que perjudiquen a terceros y afecten sectores estratégicos para el funcionamiento de las regiones. “El último paro nos deja un balance muy negativo. Las pérdidas registradas en Boyacá se reflejarán en toda la economía departamental y regional, con impactos que tardarán en recuperarse”, afirmó.

El reporte de COMCE subraya que, además de la merma directa en las ventas, la afectación se extendió a la cadena logística y de transporte, a proveedores y contratistas vinculados al abastecimiento de combustibles, y a actividades dependientes de un suministro constante, como la agricultura, la minería legal, el comercio minorista y los servicios de emergencia.

Por último, Jiménez Mejía reiteró el compromiso del sector con la búsqueda de salidas pacíficas y concertadas a los conflictos sociales. “Estamos dispuestos a trabajar junto a las autoridades locales, regionales y nacionales para encontrar soluciones que eviten recurrir a bloqueos. Cuando se paralizan las estaciones de servicio, no solo se detiene un negocio: se detiene la movilidad, la producción y la vida cotidiana de miles de personas”, concluyó.