La nueva Ley General de Economía Circular por parte de la Cámara de Diputados representa un movimiento relevante dentro de la agenda ambiental y de desarrollo sostenible de México. El documento reconoce de forma explícita desafíos que vienen acumulándose desde hace años: la presión sobre los sitios de disposición final, el aumento de la contaminación por residuos, la pérdida de biodiversidad y el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según informó a Surtidores Latam, Guillermo Gómez, especialista de Consultoría Sustentable G2H y presidente del Consejo Nacional de Biogás A.C., la ley constituye un avance en materia de organización institucional y alineamiento con metas globales como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. El mismo destacó que la creación del Sistema Nacional de Economía Circular y los incentivos a la innovación son pasos que, al menos en el papel, ordenan una política de residuos históricamente dispersa. Pero también advirtió que el dictamen deja temas sin resolver, especialmente en lo referente a la integración del componente energético dentro de la circularidad.

Según Gómez, México tiene una oportunidad evidente que aún no se refleja de manera plena en el texto: aprovechar el potencial energético de su fracción orgánica. Hoy, más del 45% de los residuos municipales corresponde a materia orgánica que suele terminar enterrada sin valoración previa. 

Esto genera emisiones difusas de metano, uno de los gases con mayor impacto climático, y desperdicia una fuente renovable que podría convertirse en biogás o biometano. Para el especialista, la bioenergía no solo reduce emisiones: también puede generar fertilizantes orgánicos, dinamizar economías locales y, sobre todo, traducir la economía circular en resultados concretos.

En este punto se abre una reflexión sobre el ecosistema energético en general. Aunque la ley no se refiere directamente al sector de los combustibles, la valorización energética de residuos podría, en el mediano plazo, complementar algunas dinámicas relacionadas con la oferta de energía y con la diversificación tecnológica. Un eventual desarrollo de biogás o biometano, ya sea para procesos industriales, para redes de gas o incluso para ciertos segmentos de movilidad, podría ampliar el abanico de alternativas energéticas del país. 

No se trata de un impacto inmediato ni directo sobre las estaciones de servicio o el mercado gasolinero, pero sí de una tendencia que, de consolidarse, formaría parte del entorno energético en el que operan todos los actores del sector. Gómez subrayó que ese tipo de sinergias no se construyen de la noche a la mañana, pero requieren una visión regulatoria que hoy todavía no se termina de delinear.

El debate que ahora pasa al Senado será decisivo para definir el verdadero alcance de la ley. La construcción de reglamentos e instrumentos secundarios determinará si la bioenergía se incorpora como un componente operativo o si queda relegada a menciones generales sin incidencia real. La claridad en los instrumentos económicos, la regulación para proyectos de valorización y la estrategia para aprovechar el biogás en rellenos sanitarios o cadenas agroindustriales serán piezas clave para saber si México está dispuesto a transformar sus residuos en un activo energético.