El suministro de hidrocarburos en México continúa siendo un desafío estratégico. La seguridad energética del país depende de un equilibrio delicado entre producción nacional, importaciones y eficiencia logística. Sin embargo, las limitaciones de infraestructura y la falta de diversificación de fuentes energéticas mantienen vulnerable al sistema ante los vaivenes internacionales.

El especialista energético Ramsés Pech advirtió a Surtidores Latam, que México atraviesa una etapa crítica en materia de abastecimiento y planeación energética. Si bien el discurso oficial insiste en la búsqueda de autosuficiencia, la realidad del país muestra una fuerte dependencia de las importaciones para satisfacer la demanda interna de combustibles y energía.

“Debemos entender que no tenemos soberanía energética ni autosuficiencia, sino una codependencia de otros países para cubrir el total de la demanda nacional, principalmente en combustibles fósiles y sus derivados”, sostuvo el experto. 

Según explicó, esta dependencia se profundizó en los últimos años debido a la falta de inversión en tecnología y a la limitada capacidad de refinación y generación. Actualmente, entre el 60% y el 70% de los combustibles que consume México, como gasolina, diésel, gas LP y gas natural, provienen del extranjero. 

Esto convierte al país en un actor vulnerable frente a los cambios en precios internacionales, interrupciones logísticas o crisis geopolíticas. “México no genera tecnología para la energía y no tiene la infraestructura necesaria para transformar su sistema ante la obsolescencia de algunas instalaciones”, agregó el analista.

El especialista detalló que esta situación contradice el discurso de soberanía energética que domina la política actual. “La autosuficiencia, como meta, dista mucho de la realidad del presente y del futuro cercano. No se puede hablar de independencia energética cuando el sistema depende del suministro externo y de la importación de derivados”, explicó.

Otro de los puntos críticos señalados por Pech es la estructura de inversión en el sector. Más del 90% del financiamiento proviene del sector público, lo que deja poco margen para el desarrollo de proyectos privados. Con la incorporación de contratos mixtos, el Gobierno espera reducir esa participación al 80 o 85%, pero el proceso será lento. “Los privados deberán asumir el riesgo financiero y operativo para garantizar continuidad y transición, en un contexto de creciente presión fiscal y presupuestaria”, dijo.

El analista señaló que la falta de planeación integral también impide consolidar una transición energética efectiva. Si bien México desarrolló estrategias para diversificar su matriz, estas no logran consolidarse ante la falta de incentivos claros, reglas estables y visión de largo plazo. “El país necesita definir una hoja de ruta realista, donde la transición no se limite a los discursos, sino a una ejecución coordinada entre Estado y sector privado”, afirmó.