La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales concretó un cambio inesperado en la conducción de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente al designar como nueva titular a Rebeca Olivia Sánchez Sandín, en sustitución de Armando Ocampo Zambrano, quien se encontraba al frente del organismo desde octubre de 2024.

La transición se produjo sin una explicación pública sobre las causas de la salida del funcionario, situación que generó sorpresa en ámbitos vinculados a la regulación ambiental, la seguridad industrial y la operación del sector hidrocarburos. Hasta el cierre de esta edición, la autoridad ambiental no había difundido información adicional ni un posicionamiento oficial que aclarara los motivos del relevo, manteniendo silencio sobre un movimiento que impacta directamente en el principal regulador ambiental de la industria energética mexicana.

El cambio de conducción en la ASEA no es un hecho menor para el ecosistema energético. El organismo tiene a su cargo la autorización, supervisión y control de actividades vinculadas a hidrocarburos en toda la cadena de valor, desde la exploración y producción hasta el almacenamiento, el transporte y el expendio de combustibles. Por ello, cualquier modificación en su liderazgo suele interpretarse como una señal sobre la orientación futura de los criterios regulatorios, los tiempos administrativos y el nivel de exigencia ambiental que enfrentarán los proyectos energéticos.

En este caso, la falta de información oficial alimentó distintas interpretaciones dentro del mercado, que van desde ajustes administrativos internos hasta eventuales redefiniciones en la política de control ambiental. Sin embargo, ninguna hipótesis fue confirmada por la dependencia federal, lo que mantiene abierta la incertidumbre en torno al verdadero alcance del relevo.

Según explicó a Surtidores Latam, el especialista del sector energético Luis Omar Guzmán Juárez, este cambio debe leerse dentro de un escenario más amplio de transformaciones regulatorias continuas. “El escenario en el sector energético continúa evolucionando”, señaló, al tiempo que advirtió que el relevo en la ASEA es uno de los movimientos más relevantes dentro de una serie de actualizaciones normativas y administrativas recientes.

De acuerdo con Guzmán Juárez, la gestión de Ocampo tuvo una actividad destacada, con avances en distintas fases del registro RENAGAS y la puesta en marcha del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, además de auditorías presenciales que evidenciaron la aplicación rígida del reglamento, incluso con clausuras de Estaciones de Servicio.

El especialista subrayó que el endurecimiento regulatorio responde también a incidentes graves ocurridos en el sector, como explosiones de carros tanque que evidenciaron errores y omisiones de algunos regulados. En ese contexto, sostuvo que el panorama “tiene que volverse cada vez más estricto” para garantizar seguridad operativa y protección ambiental.

Cabe destacar que Sánchez Sandín es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y desarrolló su trayectoria en distintos espacios de la administración pública. Hasta el jueves 12 de febrero se desempeñaba como subprocuradora de Servicios en la Procuraduría Federal del Consumidor, responsabilidad que dejó un día antes de asumir la nueva función.

Su experiencia previa incluye la titularidad de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, además de funciones directivas en la Dirección General de Regularización Territorial entre 2018 y 2022 y cargos estratégicos dentro de la alcaldía Tlalpan. El predominio de un perfil jurídico-administrativo, más que técnico-energético, es uno de los aspectos que comienza a analizar el sector, especialmente por la complejidad normativa y operativa que caracteriza a la supervisión ambiental de los hidrocarburos.

En su análisis, Guzmán Juárez enfatizó que aún existe margen para que cada instalación alcance el cumplimiento total, pero advirtió que el descuido puede derivar en inmovilizaciones, clausuras temporales o definitivas e incluso sanciones económicas. Por ello, recomendó diseñar planes de cumplimiento regulatorio específicos para cada sitio y apoyarse en asesoramiento técnico y legal especializado.

Especialistas del sector coinciden en que los primeros meses de gestión serán determinantes para definir el tono de la política regulatoria ambiental aplicada al sector energético mexicano. La atención estará puesta en la postura frente a nuevos proyectos de infraestructura de hidrocarburos, en el grado de coordinación con otras autoridades energéticas y ambientales, en la búsqueda de equilibrio entre control ambiental, seguridad industrial y promoción de inversiones, y en la capacidad de adaptación del marco regulatorio ante los desafíos que plantea la transición energética.