El reciente anuncio del Gobierno sobre el inicio del desmonte del subsidio al diésel para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos continúa generando preocupación entre los distribuidores minoristas de combustibles a nivel nacional.

Aunque el objetivo principal de la medida es aliviar el creciente déficit fiscal y reducir la presión sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, la implementación de esta política plantea interrogantes técnicos y operativos aún sin resolver.

Farid Jones, director ejecutivo de la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia, dialogó con Surtidores LATAM y expresó que, si bien entienden la necesidad estructural de la decisión, es fundamental que su aplicación sea gradual, equitativa y producto de un diálogo constante con los actores del sector.

“Reconocemos que el cobro diferencial del diésel responde a una necesidad del país: reducir el creciente déficit del FEPC, corregir inequidades históricas en el subsidio y avanzar hacia un modelo más sostenible de consumo energético”, explicó.

Según FEBECOL, el mayor reto recae en los distribuidores minoristas, quienes deberán identificar, en el punto de venta, si un vehículo está o no sujeto al subsidio. “Nuestras Estaciones de Servicio aún no cuentan con las herramientas tecnológicas ni la segmentación operativa suficiente para identificar con certeza si un vehículo es de transporte público, privado o de gran consumo”, advirtió Jones. 

A pesar de estas dificultades, la federación no se opone a la medida. Al contrario, reafirman su compromiso con la transición energética del país, siempre que se garantice una implementación técnica adecuada. “Desde FEBECOL estamos dispuestos a contribuir a este proceso. Proponemos que se construya de manera concertada un sistema eficiente de trazabilidad del consumo, con apoyo institucional y soluciones tecnológicas viables para las estaciones”, añadió.

Uno de los principales temores del gremio es que la responsabilidad de aplicar esta diferenciación de precios recaiga completamente en el eslabón más débil de la cadena: los minoristas. “Es clave que esta implementación no recaiga exclusivamente en el distribuidor minorista, quien hoy asume múltiples responsabilidades operativas, fiscales y regulatorias sin la compensación adecuada”, remarcó Jones.

Para los empresarios del sector, la preocupación no es menor. Temen que errores en la clasificación de vehículos o la falta de herramientas tecnológicas puedan generar conflictos con los consumidores, afectar la imagen de las estaciones de servicio y, en última instancia, derivar en pérdidas económicas no contempladas en sus márgenes operativos.

Desde el gremio, se propone una hoja de ruta que contemple acompañamiento técnico del Estado, acceso a financiamiento para adaptar los sistemas tecnológicos en estaciones, y un periodo de prueba que permita corregir fallas antes de aplicar sanciones. También se plantea la creación de una mesa técnica permanente de seguimiento con participación del Gobierno, el sector privado y usuarios.

“Reiteramos nuestra disposición al diálogo y al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional para lograr que este ajuste se implemente sin afectar la operación de las estaciones de servicio ni encarecer injustamente los costos para los usuarios que realmente dependen del diésel como motor productivo”, concluyó Jones.