La suspensión provisional del decreto de aumento del salario mínimo por parte del Consejo de Estado abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio entre la protección del poder adquisitivo y la sostenibilidad de los sectores productivos. En diálogo con Surtidores LATAM, David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de las Estaciones de Servicio e integrante de la Unión gremial SOMOS UNO, sostuvo que más allá de la cifra puntual, lo fundamental es que las decisiones salariales estén sustentadas en criterios técnicos sólidos y transparentes.

El dirigente gremial celebró que se revisen a fondo las variables utilizadas en el cálculo de productividad, inflación y recuperación del poder adquisitivo al considerar que un análisis robusto brinda seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a los empresarios. “Un estudio técnicamente sustentado permite evitar distorsiones que puedan generar impactos negativos inesperados en sectores intensivos en mano de obra como el nuestro”, explicó.

Desde SOMOS UNO, organización que reúne a los distribuidores minoristas de combustibles del país, manifestaron respeto por las decisiones de las altas cortes y recordaron que la suspensión decretada es una medida provisional dentro de un proceso judicial. Sin embargo, advirtieron que el debate debe trascender la coyuntura jurídica y centrarse en la construcción de una metodología estable, previsible y equilibrada para la fijación del salario mínimo.

Jiménez Mejía subrayó que el sector de Estaciones de Servicio, compuesto por más de 6.400 establecimientos que operan bajo márgenes regulados, depende directamente del salario mínimo para estructurar sus costos laborales. En este contexto, cualquier variación abrupta o atípica puede generar choques financieros que comprometan la estabilidad de micro y pequeñas empresas, especialmente en regiones donde los volúmenes de venta son menores.

Como alternativa, la Unión gremial propone que el ajuste salarial incorpore no solo variables macroeconómicas como la inflación esperada y la productividad real de la economía, sino también la capacidad de pago de los sectores intensivos en empleo. “Un esquema que contemple la realidad empresarial puede promover la formalización y evitar efectos contrarios a los buscados, como la destrucción de puestos de trabajo”, enfatizó.

El vocero insistió en que el objetivo no debe ser frenar la mejora en las condiciones de los trabajadores, sino garantizar que los incrementos sean sostenibles en el tiempo. A su juicio, un modelo que premie la generación y estabilidad del empleo formal permitiría proteger el ingreso de las familias sin poner en riesgo la continuidad de miles de negocios que cumplen un rol estratégico en el abastecimiento de combustibles.

La discusión cobra mayor relevancia en un entorno económico desafiante, con presiones inflacionarias recientes y una recuperación aún desigual en distintos sectores. Para las estaciones de servicio, cuyos ingresos están regulados y no pueden trasladar libremente mayores costos al consumidor, el margen de maniobra frente a incrementos salariales significativos es limitado.

En este escenario, Jiménez Mejía concluyó que el llamado del gremio es a la prudencia técnica y al diálogo tripartito. “Necesitamos reglas claras, previsibles y basadas en evidencia. Solo así se podrá armonizar la protección del poder adquisitivo con la sostenibilidad empresarial y la preservación del empleo formal en todo el país”, remarcó, dejando en claro que el debate trasciende una cifra y se enmarca en la estabilidad del ecosistema productivo nacional.