El sector energético mexicano atraviesa una reforma institucional. En medio de un contexto marcado por reformas profundas y reacomodos corporativos, los actores del sector enfrentan un escenario incierto pero lleno de implicaciones estratégicas. Luis Guzmán Juárez, especialista del sector gasolinero, analizó este proceso de cambio y advirtió a Surtidores Latam sobre los desafíos que supone la reorganización normativa y la creación de nuevas entidades regulatorias.

En palabras del experto, México se encuentra en una etapa de transición legislativa en la que la atención mediática y política ha estado enfocada principalmente en la ya operativa Comisión Nacional de Energía. Sin embargo, detrás de ese protagonismo, se está gestando silenciosamente, una nueva pieza institucional: la Agencia Nacional para la Competencia y el Bienestar Económico. Esta dependencia, impulsada mediante una iniciativa presentada el pasado 18 de febrero de 2025 por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del grupo parlamentario de Morena, se perfila como la autoridad encargada de supervisar las prácticas de competencia en distintos sectores, incluido el energético.

Según Guzmán Juárez, esta nueva agencia nace en un momento en que se esperan posibles movimientos empresariales de gran escala, operaciones que, en su mayoría, dependen de autorizaciones gubernamentales. La iniciativa se enmarca dentro de una propuesta de nueva Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica, lo que implica el eventual reemplazo de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). La transferencia de funciones, a esta nueva autoridad conlleva una pausa obligada en las operaciones mientras se coordinan los procesos de transición.

Una de las dudas frecuentes es por qué la competencia económica es un tema central en el ámbito energético. Guzmán Juárez explicó que, aunque Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quedan excluidas del concepto de monopolio por disposición del artículo 5 de la nueva ley, cual reconoce al Estado el ejercicio exclusivo de ciertas funciones estratégicas, los operadores privados sí deben acatar las estrictas normas del nuevo marco regulatorio. 

La situación es especialmente compleja si se considera que, en años recientes, diversos actores del sector han sido sancionados por incurrir en prácticas como fusiones o participaciones cruzadas sin contar con la autorización correspondiente. Muchas de estas sanciones, señaló el especialista, derivan del desconocimiento normativo o de estrategias empresariales mal planteadas que terminaron en ambigüedades legales o solicitudes rechazadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En este contexto, la dureza legislativa no es arbitraria, sino que responde a un modelo de desarrollo basado en principios como la seguridad y la soberanía energética, en el que Pemex y CFE ya no actúan como simples empresas productivas, sino como brazos operativos del Estado para garantizar el bienestar nacional. El nuevo marco normativo pretende corregir desigualdades estructurales, combatir la corrupción y lograr una redistribución fiscal más equitativa.

Asimismo, para lograr que estas reformas generen resultados concretos, el especialista subraya la importancia de que los líderes del sector actúen con responsabilidad. En lugar de centrarse en criticar los errores de las administraciones pasadas o actuales, considera que deben enfocarse en identificar vías de éxito, construir consensos y alinear esfuerzos hacia objetivos comunes. “México necesita reconciliación”, planteó Guzmán Juárez, y enfatizó que los pocos o muchos jugadores que permanezcan en el tablero deberán aprender las nuevas reglas, adaptarse, y contribuir a una dinámica más eficiente y colaborativa.