En una reciente decisión que ha generado controversia, el gobierno mexicano ordenó la ocupación temporal de la planta de hidrógeno de la empresa francesa Air Liquide en la refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula. La medida, que tuvo lugar el 29 de diciembre, ha sido objeto de críticas por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que la considera un mensaje de arbitrariedad y un atentado a la seguridad jurídica.

La planta de hidrógeno, que ha suministrado este elemento vital a la refinería de Tula desde 2017, fue adquirida y mejorada por Air Liquide en ese año, como parte de los esfuerzos para reformar la industria energética de México, albergando uno de los hidrotratadores más grandes de México, que usa hidrógeno para eliminar el azufre del diésel y la nafta. Sin embargo, la expropiación implica que será operada por Pemex Transformación Industrial, la entidad refinadora de la empresa petrolera estatal Pemex. 

La Coparmex ha expresado su preocupación por las posibles repercusiones de esta medida en la atracción de inversiones extranjeras, advirtiendo que México no puede darse el lujo de ahuyentar negocios, ni mostrar debilidad en el Estado de Derecho. En un comunicado, el organismo empresarial destacó que esta acción es una señal que inhibe a las grandes compañías y representa un acto preocupante de arbitrariedad.

Además, la Coparmex hizo hincapié en la importancia del nearshoring y la relocalización de empresas como oportunidades para crear más y mejores empleos. Alertaron sobre el riesgo de desalentar gravemente la atracción de inversiones y desaprovechar la oportunidad que representa esto para el país. 

Ramses Pech, especialista en la materia, señaló a Surtidores Latam que la cancelación repentina de contratos sin una justificación adecuada genera pérdida de tiempo, incertidumbre e incremento de costos para las empresas involucradas. Además esto mantiene atento a los privados, debido al comportamiento del estado.

“El decreto sobre ocupación temporal de la planta de hidrógeno de la francesa va a causar gran precedente en el sector energético y gasolinero, derivado a que ahora las empresas que hagan un contrato de servicios o cualquier referente de interacción con Pemex o la Comisión Agraria y Electricidad tendrán que revisar las cláusulas de cancelación, salida, recesión y sobre todo las condiciones”, señaló el experto. 

A su vez, agregó: “Ante la intervención que estamos teniendo hoy en día sobre la expropiación, se genera un malestar entre los empresarios, más que nada por la forma utilizada por el estado para obtener más cantidad de energía y reducción de costos, teniendo en cuenta que hoy en día Pemex está atravesando problemas financieros”.

La empresa Air Liquide, por su parte, ha manifestado su preocupación por la situación y está buscando claridad, contactando activamente a las autoridades. En un comunicado, la compañía se comprometió a operar dentro del marco legal en todas las jurisdicciones donde opera.