La Cámara de Empresarios del Combustible de Costa Rica presentó su balance anual 2025 con una radiografía que combina estabilidad, expansión y preocupación. Si bien el mercado mostró un comportamiento ordenado en precios y un crecimiento sostenido en la red de estaciones de servicio, el gremio lanzó una advertencia contundente. La aplicación incorrecta del marco regulatorio sobre transporte de combustibles amenaza la seguridad energética y la actividad económica en diversas zonas del país.

El sector combustible cerró el 2025 sin sobresaltos mayores. La moderación del precio internacional del crudo y un tipo de cambio estable permitieron variaciones internas menores a ₡30 por litro en las gasolinas. La Administración de Información Energética de Estados Unidos, proyectó un promedio de US$65.68 por barril para el WTI, por debajo del año anterior, lo que facilitó ajustes tarifarios menos agresivos por parte de ARESEP.

En paralelo, RECOPE reportó un ahorro de US$31.9 millones en la factura petrolera del primer semestre gracias al comportamiento internacional y a la apreciación del colón.

Incluso el contrabando, un problema persistente, mostró una reducción en tomas ilegales y en volumen sustraído. Sin embargo, si se promedia el impacto de los últimos tres años, las pérdidas ascienden a unos 1.400 millones de colones, afectando directamente al margen de comercialización de las estaciones, así como la seguridad operativa y ambiental.

“El sector garantiza la movilidad del país en todas sus actividades. La estabilidad del suministro es fundamental para el transporte público, privado, comercial e industrial”, señaló Fernando Barrantes, presidente de la Cámara.

Según expresaron desde la Cámara a Surtidores Latam, entre 2015 y 2024, la infraestructura de expendio de combustibles creció de 351 a 419 estaciones, un aumento del 19% que refleja la confianza empresarial y la diversificación productiva del país.

El fortalecimiento de la cobertura en zonas rurales ha contribuido a mejorar la competitividad, logística y turismo, aunque este crecimiento empieza a generar presión sobre los modelos de distribución. La Cámara insiste en que ARESEP debe actualizar los esquemas para asegurar rentabilidad y estabilidad en toda la cadena.

El punto más crítico del balance 2025 fue la advertencia sobre actuaciones policiales que, según el gremio, están interpretando de forma errónea la normativa que regula el transporte de combustibles.

En zonas como San Carlos y la franja costera de Chomes, productores, transportistas y trabajadores han reportado decomisos de combustible adquirido legalmente en estaciones autorizadas, con factura, e incluso detenciones de conductores.

En dos casos recientes en dicha localidad, el combustible fue incautado y los vehículos retenidos. En uno de ellos, el conductor fue arrestado dentro de la misma estación, sin haber iniciado el traslado. Ambos casos están en proceso penal, pese a que el Decreto Ejecutivo N.º 24715 y la Ley 9852 no criminalizan el transporte legal debidamente facturado.

Para la organización, estas actuaciones desvirtúan el espíritu de la normativa, diseñada para combatir el contrabando, no para obstaculizar actividades lícitas como labores agrícolas, faenas pesqueras o transporte de maquinaria.

Según la Cámara, los criterios incorrectos provocan:

• Afectación a fincas y agroindustrias.
• Detención de actividades productivas.
• Inseguridad jurídica para los consumidores.
• Riesgo de desabastecimiento en zonas rurales.
• Criminalización de actividades completamente legales.
• Menor competitividad regional.

Ante este escenario, la Cámara solicitó coordinación interinstitucional entre la Fuerza Pública, Fiscalía, MINAE, RECOPE y demás entidades para aplicar los criterios técnicos correctamente, distinguir entre transporte legal e ilegal, evitar decomisos injustificados y generar lineamientos homogéneos.

“Costa Rica no puede criminalizar a quienes hacen las cosas bien. Defenderemos el derecho de los consumidores y productores a trasladar combustible adquirido legalmente”, afirmó Barrantes.

El gremio reiteró su disposición a dialogar con las autoridades para revisar procedimientos, fortalecer la interpretación técnica del reglamento y garantizar el abastecimiento seguro en todo el país.