A casi un mes de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la Secretaría de Energía anunció la publicación de dos normas de emergencia que buscan dar un giro a la regulación del transporte y la distribución de Gas Licuado de Petróleo en México. La medida responde no solo al accidente que conmocionó al país, sino a un historial de siniestros que han puesto bajo la lupa las condiciones en que se maneja uno de los combustibles más sensibles de la vida cotidiana.

Las nuevas disposiciones, elaboradas en coordinación con la Comisión Nacional de Energía, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, establecen por primera vez reglas diferenciadas para las dos actividades que sostienen la cadena logística: transporte y distribución. Hasta ahora, ambas compartían un mismo marco normativo.

“Cada una tendrá su propio instrumento con características puntuales”, explicó la secretaria Luz Elena González Escobar durante la presentación del día de ayer, en la que subrayó que la intención es elevar los estándares de seguridad en todos los frentes. 

La apuesta no se limita a nuevas reglas técnicas, sino a una forma distinta de entender la operación del Gas LP: ya no bastará con acreditar programas internos de mantenimiento o capacitar a los choferes con cursos generales, ahora será obligatorio presentar dictámenes oficiales, certificaciones avaladas por el organismo CONOCER y controles tecnológicos en tiempo real como GPS y limitadores de velocidad.

El cambio también alcanza al corazón de la infraestructura. Los recipientes y componentes de seguridad, que hasta ahora solo requerían inspecciones externas, deberán someterse a revisiones internas y pruebas periódicas de presión hidrostática, un control que históricamente quedaba reservado para cuando se detectaban daños. Con ello, el Estado busca garantizar que cada pipa y cada camión que circula por las calles lo haga bajo condiciones comprobadas y no solo declaradas.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la iniciativa y anticipó que el eje central es la prevención. “Lo importante es la no repetición, porque ha habido muchos accidentes relacionados con transporte y Gas LP”, señaló, dejando claro que el gobierno pretende cerrar la brecha entre regulación y realidad operativa.

La implementación será escalonada, las unidades de transporte y las de distribución con más de 5,000 litros de capacidad y más de diez años de antigüedad tendrán cuatro meses para adaptarse; el resto de las unidades dispondrá de seis. 

Paralelamente, equipos de inspección de la SICT, la CNE y la ASEA recorrerán plantas de distribución y revisarán permisos, vehículos y condiciones físicas de operación.