La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos , Armin Dorgathen, y otros funcionarios de la empresa estatal. El proceso se inició tras un informe legislativo que detectó presuntos sobreprecios en la importación de diésel y gasolina a través de la subsidiaria Botrading.

Según la información difundida, un exfuncionario de YPFB denunció anomalías en la compra de combustibles, lo que derivó en una indagación de la Asamblea Legislativa. El trabajo parlamentario revisó una docena de contratos y concluyó que había indicios de irregularidades, incluyendo adquisiciones con sobreprecio y pagos sin respaldo contractual.

El Ministerio Público indicó que la causa se encuentra en etapa preliminar y que se están realizando diligencias reservadas, como solicitudes de información y requerimientos judiciales. Entre los investigados figuran cuatro funcionarios de YPFB y una representante de Botrading en Paraguay, donde la empresa tiene sede.

El informe legislativo estimó que el posible daño económico asciende a 18,7 millones de dólares en 2023 y a 37,4 millones en 2024. No obstante, la Fiscalía aclaró que aún no ha establecido un monto oficial y que el proceso de investigación continúa en curso.

En respuesta, el presidente de YPFB defendió a la subsidiaria Botrading. Aseguró que la empresa permitió un ahorro superior a los 20 millones de dólares en las operaciones de importación, al reducir costos logísticos y agilizar los procesos de compra. “Botrading entró en una tormenta política”, sostuvo Dorgathen durante un foro en Santa Cruz de la Sierra.

Este caso se desarrolla en un contexto de dificultades de abastecimiento en Bolivia. El país importa cerca del 90% del diésel y el 56% de la gasolina que consume, con un fuerte gasto público destinado a subsidios. En varias ciudades se registraron filas en Estaciones de Servicio debido a la irregularidad en el suministro.

El precio de los combustibles en Bolivia se mantiene en torno a 0,53 centavos de dólar por litro, gracias al subsidio estatal, lo que representa aproximadamente un tercio del valor internacional. Sin embargo, este esquema supone una presión importante sobre las cuentas públicas y es, hace un tiempo, objeto de debate político.

En 2024, el presidente Luis Arce planteó un referendo sobre la eventual eliminación del subsidio, pero la propuesta no prosperó. La discusión sobre la política de precios de los combustibles sigue vigente y se perfila como uno de los temas centrales en la agenda económica y electoral.