La transición hacia la electromovilidad en América Latina avanza con fuerza, impulsada por la necesidad de reducir emisiones y modernizar el transporte. No obstante, el crecimiento del sector enfrenta desafíos claves que van desde la capacitación del personal encargado de la operación de cargadores hasta la falta de una normativa clara para el cobro de la energía.

Gustavo Salerno, representante de Scame, empresa especializada en soluciones eléctricas para la movilidad, remarcó en diálogo con Surtidores LATAM que uno de los pilares para garantizar la seguridad en el proceso de carga es la formación de los trabajadores.

“Cuando instalamos cargadores, la capacitación se la damos nosotros. Tenemos un checklist de lo que la persona debería saber en cuanto a la carga y descarga del vehículo eléctrico. Aunque tiende a ser un autoservicio, la idea es que el personal esté entrenado con mayor detalle”, aseguró.

En varios países de la región, la instalación de puntos de carga en Estaciones de Servicio, estacionamientos y espacios públicos crece de manera sostenida. Sin embargo, la normativa para el cobro de la energía consumida aún presenta vacíos. 

“Hoy todavía no está normalizado el valor del kilowatt hora para el vehículo eléctrico. Mientras no exista esa legislación, las estaciones de servicio se ven obligadas a ofrecer la carga como un servicio complementario o a recuperarlo de otras formas”, explicó Salerno.

La falta de regulación uniforme genera una “zona gris” en el mercado, donde cada país adopta esquemas distintos. Según el especialista, por ejemplo, en Perú y Colombia la carga suele ser gratuita, pero las gasolineras aprovechan la permanencia del usuario para ofrecer otros servicios. En otros casos, se implementan modelos de membresías o se cobra un plus por estacionar en un espacio equipado con cargador.

Este escenario evidencia la necesidad de una normativa regional que contemple las particularidades del sector. “La tarifa no puede ser única, porque no es lo mismo lo que paga un hogar, una empresa o una estación de servicio. La legislación debería establecer criterios claros y diferenciados según la potencia y el tipo de consumo”, sostuvo el representante..

La situación en América Latina contrasta con otros mercados más avanzados, donde el costo del kilowatt hora para la electromovilidad está claramente definido. Esto otorga previsibilidad tanto a los operadores de cargadores como a los usuarios finales, quienes saben de antemano cuánto pagarán por la energía consumida.

En este sentido, la región se encuentra en un punto de inflexión. La expansión de la infraestructura de carga ya es una realidad, pero su consolidación dependerá de dos factores: contar con personal capacitado y establecer marcos normativos transparentes que brinden certezas económicas a todos los actores de la cadena.

“Cuando se logre regular el precio del kilowatt hora, el mercado se va a destrabar. Los operadores podrán comprar libremente cargadores, sabrán cuál es el costo que deben cobrar y el usuario podrá acceder a un servicio estandarizado”, concluyó Salerno.