En los últimos días, ciudadanos de distintas regiones del país reportaron dificultades para adquirir combustible en Estaciones de Servicio. Aunque en principio podría interpretarse como un problema logístico puntual, especialistas del sector advirtieron que detrás de este escenario se encuentra una transformación más profunda de la cadena de suministro. El desabasto que hoy se percibe en algunas zonas es, en realidad, la consecuencia de un proceso de regularización que lleva meses desarrollándose, a partir de nuevas políticas y controles en la lucha contra el huachicol.

De acuerdo con distintos estudios publicados en medios nacionales, entre 2018 y 2024 el Servicio de Administración Tributaria dejó de recaudar más de 809.000 millones de pesos debido al robo y comercialización ilícita de combustibles. Esa cifra grafica la magnitud del fenómeno y la urgencia de implementar controles más estrictos. El gobierno federal desplegó una estrategia que combina medidas fiscales, administrativas y regulatorias, con la participación del SAT, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

Aunque muchas de estas acciones fueron aplicadas de manera discreta, sin gran exposición mediática, sus efectos ya se sienten en el mercado. El SAT intensificó auditorías a los autoconsumos y recientemente anunció inversiones millonarias en la modernización de sistemas volumétricos, que permitirán mejorar la trazabilidad de cada litro de combustible desde su origen hasta el punto de venta final.

En diálogo con Surtidores Latam, Aldo Vargas, director de Desarrollo de Tecnologías en Kernotek, expresó que este fortalecimiento de los sistemas de control marca un cambio de rumbo. Según explicó, la imposición de sanciones que incluyen multas o incluso la revocación de sellos para continuar operaciones ha forzado a distribuidores y estaciones a acercarse a proveedores confiables, con documentación en regla y trazabilidad garantizada. En sus palabras, lo que antes se obtenía por vías irregulares ahora está siendo adquirido de forma legal y documentada, un giro que inevitablemente dispara la demanda hacia los proveedores formales.

El problema es que la oferta regularizada todavía no alcanza a cubrir por completo ese salto en la demanda. “La consecuencia natural es un incremento de presión sobre los distribuidores y transportistas legales, lo que genera episodios de desabasto e incluso racionamiento en varias regiones de la República Mexicana”, advirtió Vargas.

El gobierno, por su parte, transmitió que el combate al huachicol se mantendrá como una prioridad. Las acciones apuntan no solo a erradicar el robo de combustible, sino también a garantizar que el producto que llega a los consumidores cumpla con los estándares de calidad y seguridad.

Ante esto, los transportistas y distribuidores, en tanto, se ven obligados a certificar a sus proveedores y sostener procesos administrativos más complejos para cumplir con los lineamientos vigentes. En la práctica, esto se traduce en mayores costos operativos y en la necesidad de invertir en infraestructura tecnológica y regulatoria.

En este punto cobran relevancia las soluciones que ofrecen empresas especializadas como Kernotek, quienes se encuentran dedicados a desarrollar productos y servicios que simplifican el cumplimiento normativo, con énfasis en controles volumétricos y en los requisitos del Anexo 30. Vargas subrayó que estas herramientas ya no son opcionales, sino indispensables para garantizar continuidad operativa en un mercado donde el cumplimiento se ha convertido en el eje central de la competitividad.

La situación abre además un debate más amplio sobre la sostenibilidad de la cadena energética. Si bien las medidas de fiscalización son necesarias para erradicar el robo de combustible y recuperar ingresos fiscales, también requieren de políticas de acompañamiento para evitar que el consumidor final pague las consecuencias en forma de desabasto recurrente o incrementos abruptos de precios.