El sector de hidrocarburos en México enfrenta un nuevo episodio de desabasto de combustibles que impacta a distintas regiones del país. Aunque el objetivo del gobierno federal es fortalecer la trazabilidad y el control en el transporte de hidrocarburos, la aplicación de las recientes regulaciones generó complicaciones operativas y un efecto inmediato en la disponibilidad de producto.

Según explicó Aldo Vargas, Director de Desarrollo de Tecnologías en Kernotek, a Surtidores Latam, las medidas implementadas desde septiembre de 2025, que exigen la incorporación de balizados mediante códigos QR en tractores y tanques de almacenamiento, buscan transparentar el recorrido del combustible en tiempo real. Sin embargo, el proceso para obtener los permisos necesarios ante la Comisión Nacional de Energía puede demorar hasta dos meses, provocando cuellos de botella en la cadena de suministro.

En paralelo, las exigencias adicionales como el envío de archivos de controles volumétricos y los certificados de correcta operación de software derivaron en multas que alcanzan los 5 millones de pesos para quienes no cumplen con los nuevos requisitos. “Ya advertimos sobre el riesgo de desabasto derivado de estas regulaciones, y hoy ese pronóstico se materializa”, sostuvo Vargas.

Las consecuencias ya se sienten entre comercializadores y transportistas, que reportan dificultades para acceder a unidades disponibles. “Tenemos productos, pero no transporte que cumpla con las normas”, señaló uno de los operadores consultados. Por su parte, un transportista que decidió adaptarse tempranamente a la normativa aseguró que, aunque sus costos son más altos, ahora recibe solicitudes constantes “sin importar el precio por kilómetro”, reflejando un cambio en las prioridades del mercado ante el temor de sanciones.

Otro punto de tensión radica en la discrepancia entre la regulación y la operación real. Diversos especialistas subrayan que el número de unidades registradas oficialmente no coincide con la cantidad efectiva que circula en el país. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay empresas que tienen sólo diez unidades registradas, pero operan hasta el doble para atender la demanda, recurriendo a vehículos no registrados para evitar interrupciones.

Durante un evento reciente, la licenciada Alicia Zazueta señaló además que, aunque la normativa exige que los tractores cuenten con GPS, la obligación no se extiende a los contenedores o tanques donde se almacena el combustible. Esto genera un vacío de control y pone en duda la efectividad del sistema de rastreo: “El registro del tractor no necesariamente garantiza conocer la ubicación del producto”, apuntó.

La falta de coordinación y la presión sobre el sector han derivado incluso en hostigamiento a transportistas por parte de autoridades, en un contexto donde la desinformación agrava la incertidumbre.

Desde el ámbito gremial, asociaciones como AMPES destacan la importancia de establecer un canal de diálogo más fluido entre el gobierno y el sector privado. “El objetivo de reforzar la seguridad es válido, pero se requiere una implementación más colaborativa y realista”, afirmó Vargas. Sin una intervención coordinada, advierten, el desabasto podría extenderse y comprometer la logística nacional de distribución de combustibles.