La postergación hasta marzo de 2026 del contrato entre HIF Global y Alcoholes del Uruguay generó debate sobre el futuro de la planta de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú. Si bien desde el Gobierno se insiste en que el aplazamiento responde a “ajustes técnicos”, las discusiones sociales y ambientales en torno al proyecto mantienen al departamento en el centro de la conversación energética regional.

Según expresó recientemente la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, el entendimiento mantiene las condiciones selladas en diciembre de 2024, que contemplan la venta de 150.000 toneladas anuales de CO₂ por parte de ALUR durante 15 años, lo que generaría cerca de US$ 5 millones anuales en ingresos para la subsidiaria estatal.

La prórroga, explicaron desde HIF, busca “ajustar detalles de ingeniería e implementación” derivados de la reformulación del proyecto, así como acompañar el avance de los permisos ambientales. San Román agregó que el rediseño surgió tras el conflicto diplomático con Argentina y obligó a reordenar plazos, redefinir magnitudes del proyecto y revisar aspectos logísticos a la espera de la opinión de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA).

En diálogo con Surtidores Uruguay, el diputado sanducero Walter Verri, afirmó que el país debe evitar que “el ruido externo” termine desplazando una de las inversiones más grandes previstas para el interior profundo.

Para el legislador, el foco hoy debe estar puesto en no perder una oportunidad país por presiones externas. “Hay organizaciones de Colón y de Paysandú que protestan, pero es un contrasentido que Argentina cuestione un proyecto como este cuando tiene plantas antiguas de celulosa y fuertemente contaminantes”, señaló. Para el legislador, Uruguay demostró que puede exigir estándares ambientales de primer nivel sin frenar su desarrollo.

“Si la planta cumple con los requisitos del Ministerio de Ambiente, entonces cumple con los parámetros más exigentes del mundo. No hay razón para impedir su instalación”, expresó, defendiendo la institucionalidad técnica del país. A su entender, detener inversiones de esta escala solo lograría que empresas como HIF se instalen en otros países de la región “donde los esperan con los brazos abiertos”, sin que exista diferencia ambiental global por hacerlo.

Consultado sobre si el aplazamiento del contrato responde a un trasfondo político, Verri fue categórico: no tiene elementos para afirmarlo, y enfatizó que lo relevante es que el Poder Ejecutivo sea “un aliado” del proyecto. “Si la empresa necesita más tiempo, está bien. Lo importante es que las cosas salgan bien, no buscar intenciones donde no las hay”, remarcó.

Para el diputado, el proyecto de combustibles sintéticos sería transformador para Paysandú. Aseguró que su construcción movilizará miles de trabajadores, con un impacto social fuerte y un derrame económico importante para toda la región. Además, la planta implicaría inversiones asociadas en energía y servicios especializados, demandando mano de obra calificada y tecnología de alto valor agregado.

“Uruguay es respetado en el mundo por cumplir la palabra y por su seriedad ambiental. Los proyectos que cumplen con esos requisitos deben ser bienvenidos, sobre todo cuando se instalan en el interior profundo”, relató. Verri sostuvo que la transición energética ofrece al país una oportunidad estratégica y que Paysandú no puede quedar al margen de ese proceso.

Mientras la negociación técnica entre HIF y ALUR continúa, el debate político, social y ambiental seguirá marcando la agenda local. Para el legislador, el mensaje debe ser claro: “Ojalá vengan muchos proyectos como este. Si cumplen las normas, Uruguay debe generar condiciones para que se queden”.