El anuncio del presidente Gustavo Petro de avanzar con un decreto de emergencia económica para enfrentar el déficit fiscal abrió un nuevo foco de preocupación entre los sectores productivos del país. La medida, que surge tras el rechazo del Congreso a la reforma tributaria, plantea ajustes impositivos que, según el Gobierno, buscan garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de alta deuda y escasa liquidez del Tesoro.

David Jiménez, vocero gremial nacional de las Estaciones de Servicio señaló en diálogo con Surtidores LATAM, que como gremio “entendemos y respetamos la decisión del Gobierno nacional de querer emitir este decreto”, al reconocer la compleja situación fiscal que atraviesa Colombia. Sin embargo, advirtió que el camino elegido genera impactos directos sobre la actividad privada.

Jiménez sostuvo que aumentar la carga tributaria al sector productivo no debería ser la principal herramienta para corregir el déficit presupuestario. “Creemos que no es ni la única ni debería ser la medida central para solventar una situación de desequilibrio fiscal como la que presenta hoy el Gobierno nacional”, afirmó, al tiempo que pidió una mirada más integral sobre las cuentas públicas.

En esa línea, el dirigente enumeró alternativas estructurales que, a su entender, permitirían mejorar el panorama fiscal sin afectar la competitividad empresarial. Entre ellas mencionó la eficiencia del gasto público, la lucha contra la evasión y el contrabando, y la ampliación de la base tributaria, siempre evitando que la presión recaiga exclusivamente sobre los sectores formales.

“El problema es que este tipo de medidas terminan afectando la sostenibilidad, los rendimientos y las utilidades del sector productivo”, advirtió Jiménez. Y agregó: “No hay posibilidad de desarrollo económico en el largo plazo con empresas que se vuelvan inviables o financieramente insostenibles”.

En el caso puntual de las Estaciones de Servicio, el referente alertó sobre el impacto que podría tener la modificación en la tarifa y la base gravable del impuesto al patrimonio, uno de los puntos que contempla el decreto de emergencia. Según explicó, esta medida podría golpear directamente las finanzas de los distribuidores minoristas de combustibles.

“El terreno o lote donde funciona una estación de servicio forma parte del patrimonio de la empresa”, detalló. “Con la propuesta del Gobierno, muchos distribuidores superarían la base gravable y deberían tributar de manera significativa por impuesto al patrimonio, lo que implica un costo adicional que no siempre es visible”, agregó.

Finalmente, Jiménez concluyó que ese mayor peso impositivo impacta de lleno en la rentabilidad del negocio, reduciendo márgenes en una actividad que ya opera con costos elevados y regulaciones estrictas.