El incremento del salario mínimo en un 23 %, anunciado por el presidente Gustavo Petro, marcó un punto de inflexión en la agenda socioeconómica del país y generó un inmediato remezón en el sector productivo. La medida, presentada por el Gobierno como un avance histórico en materia de justicia laboral, se convirtió rápidamente en el eje de un debate nacional.

El ajuste beneficia de manera directa a cerca de 2,4 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo, en un universo de aproximadamente 24 millones de personas ocupadas en el país. Desde el Ejecutivo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la decisión bajo una perspectiva keynesiana, al sostener que el aumento del poder adquisitivo dinamizaría el consumo interno y la economía.

Sin embargo, desde el sector empresarial comenzaron a surgir advertencias sobre los efectos colaterales del incremento. Para muchos empleadores, el porcentaje decretado representa un desafío en términos de sostenibilidad financiera, especialmente en un contexto de desaceleración económica y márgenes cada vez más estrechos.

Johan Efraín Mejia Mejia, propietario y administrador de la Estación de Servicio Texaco Hayuelos en la ciudad de Bogotá, expresó a Surtidores LATAM, su preocupación frente al impacto real de la medida. “Se trata de un ajuste porcentual muy elevado que impacta de manera directa nuestros costos de operación, en un contexto en el que no es realista pensar en un crecimiento de las ventas del 23,5%”, señaló.

El empresario advirtió además que la presión sobre los costos no puede ser absorbida fácilmente por las compañías, lo que podría trasladarse a los precios finales. “Estas medidas, sumadas a una mayor carga regulatoria e impositiva, terminan presionando la inflación, ya que los mayores costos inevitablemente se trasladan a los bienes y servicios”, afirmó.

A este escenario se suman los efectos de la reforma laboral, que ya comenzó a aplicarse con el adelanto de los recargos nocturnos desde las 7:00 p. m., vigentes desde el 26 de diciembre, y la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales prevista para julio del próximo año. Según Mejía, este conjunto de factores genera un desincentivo al empleo formal.

“El entorno es cada vez más regulado y exigente, con una competencia creciente dentro del sector”, sostuvo el empresario, quien anticipó que las empresas deberán reforzar la planeación financiera, revisar presupuestos, optimizar costos y avanzar en procesos de automatización para sostener sus operaciones.

Por último, hizo un llamado al diálogo entre el Gobierno y el sector productivo. “Es fundamental que se construyan soluciones sostenibles y concertadas. Al fin y al cabo, somos las empresas las que generamos empleo formal y aportamos de manera significativa a través de los impuestos que sostienen las finanzas de la Nación”, concluyó Mejía.