El 2026 comenzó con una agenda cargada de definiciones para el sector de la distribución minorista de combustibles en Colombia. En ese escenario, SOMOS UNO, la unión gremial que nuclea a COMCE y a FENDIPETROLEO, terminó de consolidarse como el principal espacio de representación del sector ante el Gobierno nacional.

La organización representa a la totalidad de la red de abastecimiento de combustibles líquidos del país, integrada por cerca de 6.400 estaciones de servicio. “Juntos representamos toda la red de abastecimiento de combustibles líquidos en Colombia”, remarcó David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional del espacio.

Uno de los principales temas que atraviesa al sector es la discusión sobre el cobro diferencial del diésel. Desde SOMOS UNO advierten que el contexto económico cambió de manera significativa respecto del momento en que se planteó el mecanismo. “Una cosa era discutir un diferencial que superaba los 4.500 pesos por galón y otra muy distinta es la situación actual, donde el diferencial ya no es ese sino cercano a los 700 pesos por galón”, señaló Jiménez Mejía.

La caída del precio internacional del petróleo y la apreciación del peso colombiano modificaron el escenario original y, según el dirigente, obligan a revisar la conveniencia de avanzar con el esquema. “Habría que evaluar si el mecanismo que se implemente no va a ser más costoso que el beneficio que se espera recolectar por galón”, advirtió. Además, recordó que, aunque el decreto fue expedido por el Ministerio de Hacienda, su aplicación práctica quedó supeditada a una reglamentación posterior del Ministerio de Minas y Energía, que aún no fue definida. Mientras tanto, las estaciones continúan vendiendo el diésel a un precio único.

Otro hecho relevante del inicio del año fue el anuncio de la baja en el precio del galón de gasolina, una medida inédita en los últimos años. “Desde el inicio de la pandemia, en 2020, no se veía una disminución en el precio del galón”, recordó Jiménez Mejía, al subrayar que durante 2023 y 2024 los valores se incrementaron de manera escalonada.

Desde el sector aclaran que la fijación del precio del combustible es una política pública exclusiva del Gobierno nacional. “Nosotros como comercializadores no tenemos incidencia en ese precio de referencia general de venta al público”, explicó el vocero, al tratarse de un servicio público esencial. Sin embargo, reclamó que en cualquier ajuste se tenga en cuenta la estabilidad operativa de la red de estaciones. “Cuando sube el precio, se valorizan los inventarios y aumenta el costo de capital, y eso no se refleja necesariamente en el margen de comercialización”, sostuvo. A la inversa, cuando el precio baja, las estaciones deben vender combustibles adquiridos a valores anteriores antes de adecuarse al nuevo precio.

La situación es aún más delicada en las regiones apartadas del país. Jiménez Mejía advirtió sobre lo que definió como un “lento pero progresivo marchitar” de la red de abastecimiento en el interior si no se revisa el régimen de precios. El esquema actual establece un margen uniforme para todas las estaciones, independientemente de su ubicación. “Una estación en una región apartada puede vender apenas 5.000 galones al mes y, con el margen actual, esos ingresos no alcanzan para pagar personal ni costos operativos”, explicó.

A esta problemática se suma el impacto del aumento del salario mínimo, que golpea con fuerza a un sector intensivo en mano de obra. “El costo laboral en una estación de servicio representa entre el 60% y el 80% del costo operativo”, detalló Jiménez Mejía. Con el último incremento del salario mínimo, el efecto puede traducirse en un aumento de hasta 100 pesos por galón en los costos. Frente a ese escenario, advirtió que el distribuidor minorista debe decidir “si traslada ese impacto al consumidor final o si lo asume con una afectación directa en su rentabilidad”.

El contrabando de combustibles sigue siendo otro factor de preocupación, especialmente en zonas de frontera. “Donde existen diferencias de precios, sin duda alguna se presenta el arbitraje o el contrabando”, señaló el vocero, al tiempo que aseguró que el sector está dispuesto a colaborar con el Estado para enfrentar este fenómeno, que afecta la competencia y la recaudación fiscal.

Finalmente, desde Somos Uno remarcan el impacto directo que el precio de los combustibles tiene sobre la economía cotidiana. “Está demostrado que un aumento en el precio de los combustibles tiene una incidencia directa en el costo de vida de los colombianos”, afirmó Jiménez Mejía, citando estudios del Banco de la República. En ese sentido, recordó que el combustible es un insumo clave del transporte y de toda la cadena productiva, por lo que sus variaciones se reflejan rápidamente en la canasta familiar.