Desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el mundo enfrenta una crisis energética sin precedentes. La guerra provocó aumentos históricos en los precios de la gasolina, el diésel, la electricidad y el gas natural, alterando cadenas de suministro y obligando a los gobiernos a adoptar medidas extraordinarias para mitigar el impacto sobre hogares, empresas y sectores estratégicos.
La volatilidad de los mercados internacionales se vio agravada por el cierre del Estrecho de Ormuz, vía por la que transita aproximadamente una quinta parte del suministro global de petróleo y gas. Esta interrupción disparó los precios del barril de petróleo Brent a alrededor de 110 dólares, un incremento cercano al 50% desde el inicio del conflicto, mientras que el gas natural en Europa registra aumentos superiores al 50%. La magnitud del shock energético ha llevado a la Agencia Internacional de Energía a calificar la situación como “la mayor amenaza a la seguridad energética global de la historia”.
En respuesta, los gobiernos liberaron reservas estratégicas de petróleo y gas, implementaron subsidios a transportistas, agricultores y hogares, y redujeron temporalmente impuestos sobre combustibles y electricidad para amortiguar el golpe sobre la demanda interna. Sin embargo, las tensiones en los mercados internacionales persisten y las medidas nacionales solo logran contener parcialmente la presión sobre precios y costos.
Medidas de emergencia en América Latina
La crisis energética golpea también a América Latina, aunque la magnitud y el tipo de respuesta varían según cada país:
Brasil activó un plan fiscal que incluye la eliminación temporal de impuestos sobre el diésel, subvenciones a productores e importadores, y fiscalización de precios a través de la Agencia Nacional de Petróleo. El objetivo es garantizar abastecimiento y controlar la inflación en un país altamente dependiente del transporte por carretera.
En México, el gobierno amplió los subsidios a las gasolinas, reforzó el apoyo fiscal al diésel y estableció un precio máximo para este combustible, buscando proteger a transportistas y al sector productivo frente a la escalada internacional.
Colombia, que había mantenido una política de disminución gradual de los precios de la gasolina, advirtió que un aumento internacional podría obligar a ajustar los valores internos, un desafío que se produce en plena campaña presidencial y que genera tensión política adicional.
Chile enfrenta incrementos históricos: se proyecta que la gasolina suba más del 30% y el diésel supere el 60%. Para contrarrestar los efectos sociales, el Congreso aprobó un paquete paliativo que incluye congelación de tarifas del transporte público en Santiago, subsidios a algunos transportistas y ayudas parciales al kerosene, aunque gran parte del transporte privado y el gas quedan fuera de las medidas de alivio.
Por su parte, Argentina, Ecuador y Bolivia aún no han anunciado nuevas medidas concretas, lo que expone a sus economías y ciudadanos a la presión internacional de los precios sin nuevos subsidios ni paquetes paliativos recientes.
Estas acciones buscan, por un lado, amortiguar el impacto inmediato sobre consumidores y empresas, y por otro, garantizar la continuidad del abastecimiento en mercados internos y regionales. Sin embargo, la volatilidad internacional y la concentración de la oferta global de petróleo y gas obligan a respuestas rápidas, coordinadas y, en muchos casos, temporales, mientras se estabilizan los mercados.
En este contexto, los analistas advierten que la coordinación internacional, la transparencia en el mercado energético y la diversificación de fuentes son elementos clave para reducir la vulnerabilidad frente a shocks externos. La crisis actual podría acelerar políticas de transición energética, incremento de reservas estratégicas y desarrollo de infraestructura para mitigar riesgos futuros.
0 comentarios