El Gobierno peruano analiza la posibilidad de intervenir el mercado de combustibles mediante un decreto de urgencia, en respuesta a los crecientes cuestionamientos por la disparidad y falta de control en los precios a nivel nacional. La iniciativa surge en medio de reclamos de autoridades regionales que advierten sobre un escenario de desorden que impacta directamente en consumidores y sectores productivos.

El planteo fue abordado en una reunión entre el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, y representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), donde se expuso la preocupación por los cobros irregulares en distintas zonas del país. Según compartieron, el objetivo es avanzar en una estrategia coordinada que permita ordenar el mercado.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la articulación de entidades como Indecopi, OSINERGMIN, el Ministerio Público y la Sunat, cada una dentro de sus competencias, para supervisar y eventualmente corregir prácticas que distorsionan los precios de los combustibles. La intención es reforzar los mecanismos de fiscalización sin alterar el marco del libre mercado.

Desde las regiones, el reclamo apunta a que existen márgenes de ganancia que no se condicen con la evolución de los costos internacionales ni con la estructura real del mercado interno. En ese sentido, se plantea la necesidad de una revisión urgente para detectar posibles abusos o fallas en la cadena de comercialización.

Asimismo, se puso sobre la mesa la posibilidad de que el Ministerio Público actúe de oficio, amparado en el artículo 61 de la Constitución, que establece la defensa de la libre competencia y la protección de los consumidores. Este enfoque busca dar un sustento legal más firme a cualquier intervención que se decida implementar.

El debate también refleja una tensión estructural entre la necesidad de regulación y el respeto por las reglas del mercado. Mientras algunos actores sostienen que una intervención podría generar distorsiones adicionales, otros consideran que la falta de control actual ya está generando perjuicios significativos.

En paralelo, el Gobierno ratificó su interés en impulsar proyectos energéticos estratégicos, como el Parque Eólico José Quiñones, lo que muestra que la agenda no solo está centrada en la coyuntura de precios, sino también en el desarrollo de infraestructura y diversificación de la matriz energética.

De concretarse, el decreto de urgencia marcaría un punto de inflexión en la política energética peruana, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y el mercado de combustibles, con implicancias directas para toda la cadena, desde productores hasta estaciones de servicio.