Las Estaciones de Servicio de las zonas fronterizas enfrentan una problemática que, según referentes del sector, no tiene que ver con la escasez de producto. La principal preocupación pasa por el avance de canales informales de comercialización, que ofrecen carburantes por fuera del circuito habilitado y presionan directamente sobre las ventas del mercado formal.
“Desabastecimiento no hay. Lo que hay es mucho combustible ilegal y las Estaciones se quedan con el stock porque la ilegalidad desplaza a las gasolineras”, relató a Surtidores LATAM un empresario estacionero de la región, al describir una situación que impacta sobre la actividad cotidiana de los negocios habilitados.
Uno de los factores centrales es la diferencia de valores. El producto que circula por canales clandestinos puede llegar al público a un costo menor que el expendido legalmente, generando una competencia desigual para quienes deben cumplir con impuestos, exigencias regulatorias, controles de calidad y normas de seguridad.
“Se vende en las calles y le quita la posibilidad a los empresarios minoristas de venderlo, porque ese combustible que se roban es más barato que el legal”, explicó. De esta manera, la disponibilidad de mercadería no garantiza por sí sola un nivel de demanda suficiente para los establecimientos formales.
La preocupación también alcanza al consumidor. De acuerdo con el testimonio recogido, muchas personas priorizan el menor precio sin conocer necesariamente el origen de lo que adquieren ni las consecuencias que puede tener participar, aun de manera indirecta, en este tipo de operaciones.
El escenario es particularmente sensible en territorios limítrofes, donde el comercio de hidrocarburos convive con dinámicas económicas y logísticas propias. Para los distribuidores minoristas, la competencia no proviene únicamente de otras bocas habilitadas, sino también de vendedores que operan por fuera de las obligaciones que rigen para el sector formal.
Frente a este panorama, los empresarios reclaman mayores acciones contra estas prácticas y buscan evitar que los costos de cumplir con la normativa terminen convirtiéndose en una desventaja frente a quienes desarrollan su actividad al margen de las reglas. “Estamos luchando por todas esas cosas”, resumió el estacionero consultado.
Cabe recordar que el presidente Abelardo de la Espriella ya ordenó una operación conjunta para combatir el robo de combustibles y crudo, con participación de las Fuerzas Militares, la Policía, Ecopetrol y la Fiscalía. El mandatario calificó como “absolutamente alarmante” la situación y señaló que cerca de 123.700 barriles de productos refinados, entre gasolina, diésel y nafta, estarían siendo hurtados cada mes.
