La discusión sobre el futuro de los pagos en las estaciones de servicio mexicanas comenzó a tomar una nueva dimensión a partir de la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre. El proyecto todavía se encuentra en comisiones y no constituye derecho vigente, pero incorpora una disposición que podría modificar la forma en que los consumidores pagan sus combustibles.
De acuerdo con lo expresado por Onexpo a Surtidores, la iniciativa no establece actualmente que las estaciones deban dejar de aceptar efectivo. Sin embargo, su artículo 13 habilitaría posteriormente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a determinar cuáles serán los “sectores estratégicos y actividades relevantes” en los que el pago digital podrá convertirse en el único medio de pago aceptado.
El proyecto no menciona expresamente a las estaciones de servicio, aunque tampoco las excluye. Además, contempla una excepción vinculada a situaciones de “contingencia”, cuya definición y aplicación todavía deberán ser establecidas mediante regulación posterior. Esto deja pendientes cuestiones centrales para el negocio gasolinero: ¿qué actividades quedarían alcanzadas? ¿bajo qué criterios, en qué plazos y cuáles serían las sanciones?
Para los empresarios del sector, el debate no pasa por rechazar la digitalización. Por el contrario, reconocen beneficios asociados con la seguridad, la eficiencia, la trazabilidad de las operaciones y la inclusión financiera. El planteo apunta a que la transición sea gradual y que el consumidor tenga incentivos para optar por los medios digitales, en lugar de que la estación quede obligada a asumir las consecuencias de una decisión de pago que no controla.
Uno de los principales puntos de preocupación es la continuidad del abastecimiento. Una Estación de Servicio depende de una cadena tecnológica que incluye terminales de pago, conexión a internet, redes celulares, suministro eléctrico, bancos adquirentes y sistemas vinculados al despacho. Una interrupción en cualquiera de esos componentes podría impedir concretar una operación.
Onexpo identificó además riesgos financieros relacionados con las comisiones bancarias, los tiempos de dispersión de fondos, los contracargos y el fraude con tarjetas, costos y contingencias que no se presentan de la misma manera en una operación de contado.
La figura de la contingencia aparece, por eso, como uno de los aspectos que el sector considera determinantes. La iniciativa permitiría aceptar efectivo temporalmente ante fallas de terminales, internet, redes celulares, energía o sistemas bancarios, pero todavía no establece cómo se determinará que existe una contingencia ni cómo deberá acreditarse.
Desde la perspectiva de los empresarios gasolineros, una transición de este tipo debería avanzar de acuerdo con la infraestructura disponible en cada región. El planteo contempla comenzar en zonas con conectividad suficiente y extender progresivamente el sistema hacia carreteras y áreas rurales, evitando establecer una fecha única para todo el territorio mexicano.
Otro de los puntos destacados es la inclusión financiera. Según el comunicado, información de la Asociación de Bancos de México indica que más de 25 millones de personas no están incorporadas al sistema bancario, equivalente al 19% de la población. Para el sector, una política que elimine el efectivo sin ofrecer alternativas accesibles podría convertirse en una barrera para el abastecimiento de combustible.
Los empresarios también plantean que la digitalización no debería quedar limitada al uso de tarjetas. En ese sentido, mencionan alternativas como CoDi y Dimo, plataformas vinculadas al Banco de México que, según el documento, no generan costos adicionales para usuarios ni comercios y permiten disponer de los recursos de manera inmediata, además de no estar sujetas a contracargos.
Para las estaciones, otro aspecto sensible será determinar quién asume la responsabilidad cuando una operación falla por causas externas. El sector reclama que una interrupción originada en el banco emisor, la red de telecomunicaciones, el adquirente o el procesador no pueda traducirse automáticamente en un incumplimiento o una sanción para el operador de la estación.
La propuesta apunta a que la futura regulación diferencie las responsabilidades de cada participante del ecosistema de pagos y establezca expresamente que una falla ajena al establecimiento no genere responsabilidad para la estación de servicio.
Los empresarios también proponen que el avance de la digitalización se mida mediante indicadores concretos antes de pasar de una etapa a otra. Entre ellos mencionan la cobertura de internet y telefonía celular, el porcentaje de operaciones realizadas mediante medios digitales, la penetración bancaria de los consumidores, la disponibilidad de terminales y la frecuencia de fallas registradas en bancos, procesadores y empresas de telecomunicaciones.
