La crisis financiera y política que atraviesa Paraguay comenzó a generar preocupación más allá del sistema bancario. La incertidumbre por el caso Ueno Bank llegó también al sector productivo, donde distintas organizaciones empresariales advierten sobre la importancia de preservar la seguridad jurídica y las condiciones necesarias para sostener las inversiones.
Una de las entidades que expresó públicamente su posición fue la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables. La organización reclamó estabilidad institucional, previsibilidad y garantías para proteger las inversiones que contribuyen al desarrollo industrial del país.
El planteamiento tiene especial relevancia para una actividad que busca ampliar su participación en el mercado energético paraguayo, generar valor agregado a las materias primas nacionales y reducir la dependencia de combustibles importados.
Desde Biocap sostuvieron que el desarrollo industrial, la diversificación de la matriz energética y el fortalecimiento de la producción nacional deben consolidarse como políticas de Estado, más allá de los cambios políticos o de gobierno.
La posición de Biocap se suma a las advertencias formuladas por otras organizaciones empresariales paraguayas. La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales también manifestó su preocupación por las consecuencias que la crisis de Ueno Bank puede tener sobre la confianza en el sistema financiero, la seguridad jurídica y el clima de negocios.
La inquietud tiene una dimensión productiva concreta. Las industrias vinculadas al procesamiento de materias primas y a la elaboración de biocombustibles necesitan inversiones en infraestructura, tecnología y capacidad industrial, además de acceso al financiamiento para sostener sus operaciones.
El reclamo de Biocap coincide con una etapa de cambios regulatorios para la producción de biocombustibles en Paraguay.
La Ley 7635/2026 introdujo modificaciones al régimen de promoción del biodiésel y estableció una mezcla obligatoria de entre 5% y 20% para el gasoil tipo III. La normativa también contempla beneficios tributarios para los productores nacionales habilitados y restricciones a la importación de biocombustibles aptos para motores diésel.
El objetivo es fortalecer la producción local y generar condiciones para que las empresas amplíen su participación en el abastecimiento energético.
Sin embargo, las cifras industriales muestran que todavía existe un margen importante de expansión. Datos del sector procesador indican que Paraguay cuenta con una capacidad instalada anual de aproximadamente 2.435 millones de litros de biocombustibles, mientras que la producción de 2024 alcanzó unos 705 millones de litros.
Esto representa una utilización cercana al 30,5% de la capacidad disponible. El etanol concentra la mayor parte de la producción, mientras que el biodiésel representa una proporción menor.
La posibilidad de aprovechar esa infraestructura depende, entre otros factores, de la evolución de la demanda interna, las condiciones regulatorias y la disponibilidad de inversiones.
El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de la entidad luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. La medida buscó proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema.
Posteriormente, el caso derivó en actuaciones judiciales y medidas preventivas sobre bienes y cuentas vinculados a empresas y directivos relacionados con la entidad.
Aunque no existen elementos que permitan afirmar que la crisis haya provocado la suspensión de inversiones específicas en la industria de biocombustibles, las advertencias empresariales reflejan una preocupación compartida: la necesidad de contar con instituciones sólidas, reglas previsibles y condiciones de financiamiento que permitan planificar a largo plazo.
