Un paso concreto hacia la movilidad sustentable se formalizó recientemente en la Ciudad de Buenos Aires. Mediante la Resolución 111/SECT/25, publicada en el Boletín Oficial porteño, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso que, a partir del 1° de enero de 2027, todas las unidades cero kilómetro que se incorporen al sistema de transporte colectivo de pasajeros deberán ser propulsadas exclusivamente por Gas Natural Comprimido o electricidad.

La normativa, impulsada por la Secretaría de Transporte local, se enmarca dentro del Plan de Acción Climática 2050 que busca convertir a la ciudad en un distrito carbono neutral. Además, la decisión se apoya en las experiencias obtenidas en diversas pruebas piloto de buses eléctricos y en los beneficios ya documentados de las motorizaciones a GNC, que muestran niveles significativamente menores de emisiones contaminantes respecto a los motores diésel convencionales.

En la actualidad, casi el 100 por ciento de los colectivos urbanos que circulan por la Ciudad funcionan con gasoil. La implementación obligatoria de tecnologías más limpias apunta a revertir el escenario, con un calendario claro que permite al sector privado anticipar las inversiones necesarias, tanto en unidades como en infraestructura de carga y mantenimiento.

Luis Navas, reconocido especialista en energía, celebró la medida y destacó su impacto estratégico: “La Ciudad de Buenos Aires tomó una decisión de trascendencia para continuar con el desarrollo del sistema de transporte pesado a GNC. Valoramos mucho esta Resolución y esperamos sinceramente que no sea prorrogada y entre en vigencia el 1º de enero de 2027”.

En este sentido, agregó que “la Ciudad tiene una deuda con el medio ambiente y esta es una forma concreta de avanzar hacia una ciudad más limpia. Llevamos un atraso de varios años respecto al transporte pesado en las ciudades europeas. De todas maneras, es un paso muy acertado y debe ser acompañado por el resto de las ciudades de nuestro país”.

La normativa aclara que las unidades diésel que ya estén en servicio podrán continuar operando hasta cumplir el límite máximo de antigüedad permitido, lo cual garantiza una transición progresiva sin afectar la prestación actual. No obstante, las futuras incorporaciones deberán cumplir con las nuevas condiciones desde el primer día de 2027, sin excepción.

El documento también reconoce la necesidad de realizar adecuaciones de infraestructura para garantizar la operatividad de las nuevas tecnologías. En el caso de los colectivos eléctricos, será indispensable la instalación de electrolineras con capacidad de carga de alta potencia, mientras que para los vehículos a GNC se prevé la construcción de estaciones de carga cautiva en las cabeceras de las líneas, con sistemas de compresión y almacenamiento específicos.

Desde el punto de vista económico, la Ciudad ha desarrollado metodologías diferenciadas para calcular los costos operativos y tarifas teóricas de referencia, que contemplan las particularidades de las unidades eléctricas y a GNC. Esto permitirá aplicar esquemas de compensaciones que reconozcan la eficiencia energética y el menor impacto ambiental de estas tecnologías, generando incentivos concretos para su adopción.

De concretarse en tiempo y forma, la entrada en vigencia de esta resolución podría marcar el punto de inflexión definitivo en la política de transporte urbano de la Ciudad, dejando atrás décadas de dependencia del diésel y abriendo la puerta a un sistema más limpio, eficiente y sostenible para millones de pasajeros.