El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el fin de la subvención a los combustibles como parte de un paquete de reformas económicas orientadas a “sincerar” los precios de los hidrocarburos. En un mensaje televisado, el mandatario describió un escenario marcado por la escasez de divisas, la presión inflacionaria y el deterioro de las cuentas públicas, y defendió la decisión al señalar que los subsidios habrían sido utilizados durante años para encubrir prácticas de corrupción y contrabando.

La medida quedó formalizada mediante un decreto que declara la emergencia económica, energética, financiera y social en el país. Según el Gobierno, el esquema de precios artificialmente bajos generó distorsiones que incentivaron el desvío ilegal de combustibles hacia países vecinos, donde el valor de venta era sensiblemente superior.

Desde la entrada en vigencia del decreto, medios bolivianos informaron una reducción significativa del contrabando de carburantes hacia Perú, Argentina y Chile. La equiparación de precios habría quitado atractivo económico a estas maniobras, que durante años afectaron el abastecimiento interno y drenaron recursos del Estado.

Consultado por Surtidores LATAM, el ingeniero César Gutiérrez, analista del sector energético y expresidente de Petroperú consideró que la decisión “desde el punto de vista de la conveniencia de las cuentas del Estado, es correcta”. A su entender, “debía pararse el contrabando de combustibles desde Perú, Argentina y Chile, que mantiene el abastecimiento, que es lo que ocurre actualmente”.

No obstante, el especialista advirtió que no existe plena certeza sobre la efectividad de la medida en el mediano plazo. Uno de los principales desafíos, explicó, es el control operativo de YPFB, la empresa estatal de hidrocarburos. “El gobierno tiene que tener el control operativo de YPFB, cosa que no es fácil de conseguir; el poder de los mandos medios es complicado de relevar”, sostuvo.

A este factor se suma la resistencia social que genera el aumento de precios. Para Gutiérrez, el impacto en el bolsillo de los consumidores puede convertirse en un elemento de desgaste político: “El cambio de precios es traumático y esa reacción ciudadana será capitalizada por la oposición”, alertó.

El retiro de subsidios a los combustibles es una decisión que reordena las variables económicas, pero también reconfigura el clima social y político. En Bolivia, donde los precios de la energía han sido históricamente un tema sensible, el margen de error es reducido y la implementación será tan determinante como el anuncio.

Así, mientras el Gobierno apuesta a mejorar la sostenibilidad fiscal y a cerrar el grifo del contrabando, el éxito de la reforma dependerá de la capacidad de gestión, el control efectivo del sector y la contención del impacto social.