El sector gasolinero de México experimenta una reconfiguración importante, ya que 34 Estaciones de Servicio cambiarán su identidad comercial tras la aprobación de la Comisión Nacional de Energía. La medida responde a sentencias judiciales que ordenaban la actualización de permisos, en muchos casos para dejar atrás la marca Pemex y dar paso a nuevos jugadores del mercado internacional como Shell, Mobil, G500, Arco y Valero.

La decisión fue tomada en la primera sesión extraordinaria del año del órgano regulador, tras fallos emitidos por tribunales especializados en regulación, competencia económica y telecomunicaciones. 

Desde la CNE señalaron que se trató de un mandato judicial que debían cumplir, mientras que el secretario técnico del comité, Pedro Jesús Lape Lastra, destacó la unanimidad con la que se aprobó el acuerdo. La Unidad de Hidrocarburos fue instruida para oficializar las modificaciones, marcando un hito en la reorganización del sector.

Este movimiento se da en paralelo con la puesta en marcha de un nuevo marco regulatorio promovido por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que disolvió a la Comisión Reguladora de Energía y transfirió sus funciones a la CNE. Según informaron desde la nueva autoridad, el objetivo es centralizar el control y agilizar trámites, con la mira puesta en un sistema más eficiente y menos burocrático.

En ese sentido, también se anunciaron cambios para las estaciones de expendio de combustible, como la reducción de 90 a 70 días hábiles en el tiempo máximo para aprobar solicitudes de nuevos permisos. Si bien este nuevo plazo aún no está en vigor, ya fue publicado en el Diario Oficial y su aplicación dependerá de la entrada en vigencia de los reglamentos del sector, previstos para antes de septiembre. Carlos Vallejo Galván, socio de la firma Qua Energy, aseguró que, incluso antes de que entren en vigor otros cambios, la reducción de plazos ya representa un incentivo para nuevos operadores.

Cabe señalar que uno de los nuevos requisitos obligatorios será el aval ambiental positivo por parte de la ASEA. Daniela Suárez, directora jurídica de Grupo Ciita, subrayó que este punto representa una diferencia sustancial respecto al esquema anterior, ya que la CRE no exigía este paso de forma previa. Ahora será indispensable demostrar un uso adecuado del suelo y contar con el resolutivo ambiental antes de presentar la solicitud de permiso.

En cuanto a la tramitación, la CNE propuso la creación de un formato único que estandariza los requisitos, aunque aún no se encuentra disponible. Suárez puntualizó que una vez vigente el acuerdo, el organismo tendrá cinco días hábiles para publicarlo. Según Vallejo, la estandarización será central para evitar márgenes de discrecionalidad y devolver previsibilidad al sistema.

A pesar de estas reformas, no se espera un repunte inmediato en la emisión de permisos. Entre enero y marzo de este año se otorgaron apenas 44, una cifra muy inferior al promedio de más de 300 anuales de años anteriores. El mismo sostuvo que el verdadero rebote en los permisos podría darse recién en 2026, cuando el nuevo esquema normativo esté completamente asentado.