El Gobierno de Claudia Sheinbaum oficializó en el día de ayer, un plan de rescate para Petróleos Mexicanos que busca resolver, de manera estructural, la crisis financiera que arrastra la empresa productiva del Estado. En una jugada que rompe con la lógica de rescates puntuales de administraciones pasadas, el Ejecutivo presentó una estrategia a diez años con la mira puesta en sanear las finanzas de Pemex y reducir su dependencia del presupuesto federal a partir de 2027. Sin embargo, la magnitud de la deuda y la necesidad de reconfigurar el modelo de negocio dejan en el aire dudas sobre la viabilidad del objetivo.

El anuncio llegó en un momento crítico para la petrolera, que enfrenta vencimientos de deuda cercanos a los 5.100 millones de dólares este año, y otros 18.700 millones en 2026. En respuesta, el gobierno emitió bonos por 12.000 millones de dólares a través de un fideicomiso respaldado por la Secretaría de Hacienda, y creó un vehículo de inversión de 250.000 millones de pesos para atraer capital privado a proyectos estratégicos, en particular, en la cadena de valor de combustibles.

Desde la administración federal aseguran que el plan tiene como eje principal dotar a Pemex de autosuficiencia financiera en un plazo de dos años, disminuyendo gradualmente la deuda hasta alcanzar los 77.300 millones de dólares para 2030. Pero más allá de la ingeniería financiera, el proyecto implica un giro en la estrategia productiva de la empresa, con el foco puesto en aumentar la producción de crudo hasta 1.8 millones de barriles diarios y, sobre todo, en reforzar la producción de gas natural mediante el impulso de técnicas como el fracking.

Según expresó Arturo Carranza, analista de energía, el anuncio es una señal positiva en cuanto a la seriedad del gobierno en abordar el problema, pero advierte que «sin mejoras sustanciales en la eficiencia operativa y una gestión más rigurosa de los costos, Pemex no logrará caminar por sí solo». 

En su visión, el verdadero desafío está en la capacidad de la empresa para transformar su modelo productivo, dejando de lado la obsesión por los volúmenes brutos y enfocándose en segmentos de alto valor, como la refinación de combustibles.

Uno de los pilares del plan es la modificación del régimen fiscal, que reduce la tasa del Derecho de Utilidad Compartida al 30% para petróleo y al 12% para gas natural. Este cambio, según Alejandra Palacios, ex presidenta de la Cofece, es una herramienta válida para mejorar la rentabilidad de Pemex, pero alerta que “si no hay transparencia en la gestión de los recursos, el riesgo de terminar incrementando la deuda pública sigue latente”. 

Palacios también destacó que la participación privada será crucial para compartir riesgos en proyectos de refinación y transporte de combustibles, áreas donde Pemex enfrenta limitaciones operativas.

El énfasis en la autosuficiencia energética también fue subrayado por Guillermo García Alcocer, ex titular de la CRE, quien calificó como positivo que se establezcan metas a largo plazo, pero advirtió que “la presión política podría desviar el enfoque técnico del plan”. El mismo sostuvo que el rescate financiero es sólo una parte del problema; la clave estará en cómo Pemex reconfigura su estructura de negocios para enfocarse en áreas rentables, como la producción de combustibles limpios y la diversificación hacia la petroquímica.