Una política que buscaba proteger el bolsillo de las familias mexicanas está dejando sin empleo a miles de personas y paralizando a decenas de plantas de distribución de gas LP en todo el país. Mientras el gobierno insiste en mantener precios tope, la industria gasera se apaga, sin margen para sostener su operación ni respuesta oficial que alivie la presión. El resultado: empresas en quiebra, empleos perdidos y una amenaza real al abasto.

Casi 40 plantas distribuidoras de gas licuado de petróleo han bajado la cortina en los últimos meses en estados como Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Puebla. Lo que parecía una estrategia para proteger al consumidor ha puesto en jaque a toda una industria que sostiene el suministro energético de millones de hogares mexicanos.

Desde 2021, el gobierno federal implementó una política de control de precios para el gas LP, con base en un análisis de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que señalaba una falta de competencia efectiva en el sector. Así, se fijó un precio máximo por litro de 11.04 pesos, el cual ha venido disminuyendo hasta alcanzar, en promedio, los 9.03 pesos a nivel nacional.

Esta medida, lejos de estabilizar el mercado, ha desencadenado una serie de cierres masivos, despidos y una alarmante reducción en la capacidad operativa del sector. Según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), actualmente las empresas solo cuentan con un margen operativo de 2 pesos por litro, cuando lo mínimo necesario para sostener las operaciones es de 4.25 pesos.

Rocío Robles Serrano, presidenta de Amexgas, advirtió que desde octubre de 2024 el margen comercial se ha reducido a la mitad, lo que ha dejado a muchas empresas en una situación de pérdidas constantes. “Cada semana estamos peor”, sostuvo y explicó que las compañías ya no tienen flujo de efectivo suficiente para mantener operativas sus plantas. La consecuencia: cierres inminentes y despidos masivos.

Robles detalló que sostener una planta implica costos elevados, desde nóminas hasta seguros, mantenimiento y reposición de equipos. Sin un ajuste en el margen, muchas distribuidoras están operando en números rojos. “Las empresas están muy desgastadas económicamente, y la autoridad sigue sin dar una respuesta”, añadió.

Además del golpe económico, la crisis está afectando directamente a los consumidores. Con menos plantas operativas, la capacidad de distribución disminuye, lo que podría traducirse en dificultades de abasto en determinadas regiones si no se revierte la tendencia. Voces del sector coinciden en que la regulación actual ignora variables clave del mercado energético. 

Desde la organización enfatizaron a Surtidores Latam que la industria gasera, que durante décadas ha sido un eslabón esencial del sistema energético nacional, se encuentra ahora en una encrucijada. Las empresas han comenzado a “achicarse” para sobrevivir, reduciendo personal y operación al mínimo indispensable. 

Es por ello que Amexgas ha hecho un llamado al gobierno federal para revisar con urgencia la política de control de precios. La solicitud es clara: establecer márgenes que permitan la viabilidad operativa sin comprometer la estabilidad del mercado ni el empleo de miles de trabajadores.