La falta de controles efectivos en las fronteras continúa generando distorsiones que afectan directamente a las estaciones de servicio formales y, al mismo tiempo, reducen la recaudación fiscal de Costa Rica. Aunque para muchos habitantes de comunidades cercanas a Panamá cruzar la frontera para comprar combustible más barato es ya una práctica habitual, detrás de ese comportamiento se esconde una amenaza creciente para la seguridad pública, la economía formal y la estabilidad del mercado regulado de combustibles.

En 2025, el contrabando y las distorsiones del mercado fronterizo siguen siendo uno de los principales retos para las gasolineras costarricenses, que operan bajo la estricta regulación de la ARESEP y con márgenes controlados por ley. Frente a ello, el ingreso constante de combustibles no autorizados, transportados sin protocolos, sin controles técnicos y sin pagar impuestos, constituye un golpe directo a la competitividad del sector formal y a la sostenibilidad del empresariado nacional.

Alban Muñoz, administrador de Estaciones de Servicio en Ciudad Neilly, Paso Canoas y Laurel, advirtió que la situación se ha intensificado por la débil presencia policial y aduanera en la frontera sur. “Hemos solicitado en reiteradas ocasiones un mayor control, porque a diario se observa el ingreso de combustible que no ha pagado los debidos impuestos ni cumple las normas de seguridad”, afirmó.

Esta asimetría regulatoria conforma un escenario de competencia desigual. Mientras las gasolineras formales deben cumplir medidas ambientales, normas de seguridad y procesos de control de calidad, el combustible ilegal evade completamente el marco técnico y tributario. A ello se suma el riesgo de transporte en recipientes inapropiados, lo que compromete la vida de las personas y puede generar afectaciones ambientales severas.

Aunque el fenómeno se concentra en comunidades cercanas a Panamá, sus impactos alcanzan a todo el país. El combustible ilegal genera pérdidas fiscales millonarias, debilita la cadena de distribución formal y frena nuevas inversiones en infraestructura, modernización y servicios.

Reportes de autoridades centroamericanas indican que este tipo de contrabando erosiona la confianza del consumidor y crea mercados paralelos sostenidos exclusivamente en la informalidad. En Costa Rica, la combinación entre precios diferenciados con Panamá y la limitada capacidad de supervisión permitió que prolifere un mercado que opera al margen de la ley, sin garantías de calidad ni seguridad.

Estas distorsiones también generan confusión en la ciudadanía, que puede sentirse atraída por opciones “más baratas” sin conocer los peligros asociados: daños al motor, riesgos de explosión, afectación al medio ambiente y, además, la participación involuntaria en una actividad que constituye un delito penal.

Ante este escenario, la Cámara de Empresarios del Combustible reiteró su llamado a fortalecer los mecanismos de control fronterizo y asegurar condiciones equitativas para el comercio formal. La organización expresó a Surtidores Latam  que la Ley 9852 establece sanciones claras para las actividades ilícitas relacionadas con el apoderamiento y la introducción ilegal de hidrocarburos en el territorio nacional. Incluso el transporte de combustible ilegal puede derivar en condenas de tres a cinco años de prisión.

Asimismo, hacen un llamado directo a la responsabilidad ciudadana: “Cada vez que se compran carburantes fuera de los canales autorizados, se pone en riesgo la seguridad personal, la salud del vehículo y el bienestar de toda una comunidad y se expone a multas o prisión, pues ahora esto es un delito”.