Durante los últimos meses del año 2023 y el inicio del 2024, México fue testigo una vez más de la polémica surgida en torno a los aumentos en el precio de los combustibles. Aunque usualmente la raíz de esta controversia no siempre radica en los ajustes legítimos de los precios, sino en graves fallas regulatorias que distorsionan el mercado y generan confusión entre los trabajadores del sector. 

Desde Surtidores Latam, se consultó a Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, sobre el reciente reporte presidencial “Quien es él quien en los combustibles”. Él mismo relató que en primer lugar, es crucial entender que, en muchos casos, los incrementos de los carburantes están vinculados a diversos factores como la inflación y los costos internacionales del petróleo.

En el cierre del 2023, se registró un ajuste en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aunque estos incrementos estuvieron en línea con las subas del momento y se aplicaron en ausencia de estímulos fiscales. 

Este análisis de PetroIntelligence arrojó luz sobre casos específicos que causaron revuelo mediático. Por ejemplo, el supuesto «gasolinazo» reportado en Emiliano Zapata, Veracruz, el 1 de enero de 2024, fue en realidad un precio comunicado desde noviembre del año anterior, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Sin embargo, Montufar sostuvo que la situación más preocupante es la falta de actualización en los precios por parte de la CRE, lo que ha generado una serie de problemas que van más allá de simples ajustes de precios. PetroIntelligence identificó que desde septiembre del 2023, esta falta de actualización comenzó a generalizarse, llegando al punto en que los precios al público apenas variaron, a pesar de los incrementos en los costos de suministro.

“Esta realidad no solo genera confusión entre los consumidores, sino que también distorsiona el análisis económico y afecta las estrategias empresariales. Empresas, fondos de inversión, bancos y el propio gobierno utilizan los precios reportados por la CRE para estimar la inflación y diseñar políticas económicas, lo que puede conducir a decisiones erróneas en un entorno de información incorrecta o incompleta”, señaló el experto.

Esta difusión inexacta de información por parte de la autoridad regulatoria está generando costos adicionales a la economía y afectando la competencia en el mercado de combustibles. 

“Es crucial estar atentos a estas distorsiones y exigir transparencia y precisión en la información proporcionada por las autoridades pertinentes”, finalizó Montufar.