Durante la reciente conferencia matutina, Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal presentará un informe integral sobre el desempeño del sector de combustibles, con el objetivo de transparentar las tareas de importación, distribución y control de hidrocarburos en el país.

Según explicó la mandataria, el reporte incluirá tanto los resultados obtenidos durante 2025 como la continuidad de las acciones estratégicas impulsadas por la empresa productiva del Estado. “Pemex y la Secretaría de Energía informarán el proyecto de largo plazo, los resultados de 2025 y la continuidad de los trabajos”, adelantó.

En relación con el combate al denominado huachicol fiscal, Sheinbaum detalló que se fortalecieron los mecanismos de supervisión mediante un sistema de códigos QR, que concentra la información completa de cada cargamento de hidrocarburos.

La presidenta explicó que la Guardia Nacional cuenta con facultades para detener vehículos que transportan combustible y verificar la legalidad de la carga. “Si no cuentan con el QR o no cumplen con la normatividad, el vehículo es detenido”, puntualizó.

Estas medidas buscan cerrar espacios a la comercialización irregular de combustibles, uno de los principales desafíos para la seguridad energética y fiscal del país. El robo de combustibles generó un impacto económico de gran magnitud. Entre 2019 y 2025, las pérdidas por sustracción ilícita superaron los 100 mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones del sector.

La firma especializada en software de control volumétrico para Estaciones de Servicio, Kernotek, indicó que el fenómeno creció de manera sostenida: pasó de pérdidas cercanas a los 4 mil millones de pesos en el primer año, a más de 27 mil millones de pesos en 2024.

Durante una conferencia sobre la resolución de la miscelánea fiscal 2026, organizada por la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, Kernotek advirtió que el huachicol no solo implica la pérdida directa del hidrocarburo, sino un “impacto devastador” en la recaudación fiscal.

En este sentido, las pérdidas derivadas del huachicol representan aproximadamente el 0.6% del Producto Interno Bruto mexicano, lo que equivale a miles de millones de pesos que dejan de ingresar a las arcas públicas y limitan la capacidad del Estado para financiar el gasto público.

La firma remarcó además que, en un contexto de alta presión tributaria, el sector de hidrocarburos resulta clave para los ingresos nacionales, por lo que cualquier distorsión tiene efectos sistémicos.

Ante este escenario, el Servicio de Administración Tributaria intensificó sus esfuerzos de fiscalización, homologando los controles volumétricos con la Ley de Hidrocarburos y la Ley del Sector de Hidrocarburos.

Cabe recordar que la implementación de estos controles, iniciada en 2022, apunta a mejorar el cumplimiento normativo, reducir riesgos operativos, cerrar brechas que facilitan actividades ilícitas y asegurar que los ingresos correspondientes lleguen efectivamente al Estado.