En un mercado energético marcado por fluctuaciones de precios y estrategias fiscales, un enemigo silencioso aparece y encarece los combustibles para los consumidores: el contrabando fiscal. 

De acuerdo con un análisis que compartió PetroIntelligence a Surtidores Latam, basado en datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el 30% del total de los hidrocarburos vendidos en las Estaciones de Servicio en México provienen de operaciones ilegales. Esto representa un golpe multimillonario a la recaudación del país y una barrera oculta para la estabilidad del mercado.

El informe detalla que, en 2024, se comercializaron en el país 38.040 millones de litros de gasolina regular, 10.338 millones de litros de gasolina premium y 14.285 millones de litros de diésel. Si se asume que el 30% de este volumen no es legítimo, es decir que serían más de 18.799 millones de litros de carburante ilegal que ingresaron al mercado sin pagar impuestos.

Pero la magnitud del problema no se detiene en el volumen de ventas, ya que esta evasión se tradujo en pérdidas estimadas de $177.170 millones de pesos en 2024, divididos en $124.209 millones de pesos por concepto de IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y $52.960 millones de pesos por concepto de IVA. 

Uno de los puntos más destacados del estudio, es la relación directa entre el contrabando fiscal y el valor de los combustibles. Si estos ingresos tributarios no se perdieran, el gobierno podría aplicar una reducción en los precios de hasta $2.83 pesos por litro en promedio, beneficiando a miles de automovilistas y transportistas.

Actualmente, el gobierno ha optado por un «Pacto voluntario de precios de gasolina», en el cual las gasolineras deben mantener un costo máximo de $24.00 pesos por litro, con un margen de ganancia de $2.00. Sin embargo, para estabilizar los mismos al mayoreo, PEMEX necesita subsidiar el mercado con aproximadamente $33.622 millones de pesos anuales, lo que equivale al 8% de la recaudación total del IEPS en gasolina. 

Sin embargo, la alternativa de reducir directamente el IEPS con el monto destinado a la estabilización de precios resultaría en una disminución de solo $0.88 pesos por litro, cifra notablemente menor a la reducción de $2.83 pesos que se lograría si se combatiera eficazmente el huachicol. 

Este no es solo un problema de evasión tributaria, sino un factor que impacta directamente en las tarifas y en la economía de los consumidores. “La medida para estabilizar los precios al mayoreo y la alternativa de disminuir el IEPS en la misma proporción que la decisión de estabilización de costos al mayoreo, son acciones mucho menos efectivas que si se combatiera el contrabando fiscal”, concluyeron desde PetroIntelligence.