Desde mediados de abril de 2026, las Estaciones de Servicio, distribuidoras y comercializadoras de gasolina y diésel en México quedaron alcanzadas por una exigencia fiscal que también involucra aspectos energéticos. La entrada en vigencia obligatoria del “Complemento Concepto para la Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” incorporó una validación automática entre el CFDI y los permisos otorgados por la autoridad energética.

El cambio fue precisado por el Servicio de Administración Tributaria mediante el documento de preguntas frecuentes difundido recientemente, donde se aclara que para emitir facturas con este complemento el contribuyente debe contar con un permiso vigente y operativo, además de coincidir el RFC del emisor con el titular autorizado.

Sin embargo, uno de los puntos que más atención genera dentro del sector es que el permiso utilizado también debe habilitar específicamente la actividad de enajenación del combustible que se intenta facturar.

De acuerdo con Ernesto Hernández, representante de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos A.C, este mecanismo modifica la manera en que las empresas deben analizar el cumplimiento operativo y administrativo. El especialista explicó que el SAT dejó establecido que para emitir el CFDI con este esquema el permiso debe estar vigente, el RFC del emisor tiene que coincidir con el titular autorizado y, especialmente, el permiso debe permitir la actividad de comercialización del producto.

En la práctica, esto implica que si una empresa intenta emitir una factura utilizando un permiso incompatible con la operación, el sistema directamente impedirá el timbrado del CFDI.

La situación genera un impacto operativo inmediato para estaciones de servicio, distribuidores y comercializadores, ya que un bloqueo en la emisión de facturas puede paralizar ventas aun cuando el problema no tenga relación con fallas informáticas o inconvenientes técnicos del proveedor de certificación.

“Una imposibilidad para facturar no necesariamente obedece a un problema técnico del PAC o del sistema de facturación; también puede reflejar que el permiso utilizado no es compatible con la operación que se pretende documentar”, sostuvo Hernández.

Dentro del sector energético mexicano, varias compañías comenzaron a revisar permisos, actividades autorizadas y configuraciones administrativas para evitar inconsistencias que puedan derivar en interrupciones comerciales.

El nuevo esquema también suma presión sobre la sincronización entre áreas fiscales, jurídicas y operativas, debido a que cualquier diferencia entre la actividad registrada y la operación realizada puede impedir la validación del comprobante.

Otro aspecto que genera movimiento entre los operadores es que el SAT no habilitó todavía sus sistemas gratuitos para este complemento, por lo que la emisión únicamente puede realizarse mediante proveedores autorizados de certificación.

A esto se suma la validación automática del número de permiso, su nomenclatura y el estatus “Operando”, además de la coincidencia de producto y los combustibles autorizados para comercialización.

Según especialistas del mercado, el nuevo modelo muestra una integración cada vez mayor entre fiscalización tributaria y supervisión energética, debido a que el sistema analiza simultáneamente datos fiscales y regulatorios antes de permitir la emisión del comprobante.

“El cumplimiento ya no puede analizarse de forma aislada. Un requisito fiscal se vincula con un tema regulatorio”, advirtió Hernández. La implementación del complemento aparece además en un momento donde las autoridades mexicanas avanzan sobre mayores mecanismos de trazabilidad y control dentro del mercado de combustibles, especialmente en operaciones vinculadas con comercialización y expendio.