A la par de los avances tecnológicos, aunque de manera desigual, y de un entramado regulatorio cada vez más exigente, el incremento de aranceles a equipos importados empieza a presionar los costos operativos y los planes de reconversión del sector.

Así lo advirtió la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, que alertó sobre el impacto que la política arancelaria del gobierno federal está teniendo en el equipamiento que utilizan las gasolineras. Ricardo Quiroz Hernández, presidente del organismo, señaló que en lo que va de 2026 los equipos e insumos provenientes de Estados Unidos registraron incrementos de entre 5% y 8%, por encima de los aumentos observados en 2025, cuando se ubican entre 3% y 5%.

Aunque buena parte de estos productos ingresan al país bajo las reglas del T-MEC, el problema surge cuando los equipos incorporan componentes fabricados en Asia. En esos casos, explicó Quiroz Hernández, se debe cubrir una parte proporcional del impuesto, encareciendo la inversión final que deben realizar las estaciones.

“El sector no es ajeno a la política arancelaria”, afirmó, en un contexto donde alrededor del 80% del equipamiento utilizado en las estaciones de servicio es de origen extranjero.

Para los operadores, el impacto no se traduce únicamente en números contables. La combinación de mayores costos de equipamiento, exigencias técnicas crecientes y procesos regulatorios extensos plantea un desafío estructural: invertir más para operar y transformarse, pero sin una mejora proporcional en la rentabilidad del negocio.

Esta presión se vuelve aún más evidente en los proyectos de reconversión de gasolineras tradicionales hacia estaciones híbridas, equipadas con paneles solares, sistemas de almacenamiento y cargadores para vehículos eléctricos. Desde enero, el gobierno mexicano aplica aranceles de entre 5% y 50% sobre más de 1.400 fracciones arancelarias que incluyen productos provenientes de China y otros países sin tratado comercial con México.

Entre esos insumos se encuentran componentes clave para la infraestructura de electromovilidad. De acuerdo con AMPES, cerca del 80% de los materiales necesarios para estos proyectos proviene de China.

“Este incremento a los aranceles, a la importación de productos que provienen de países asiáticos, sin duda va a impactar”, reconoció David Hernández Martínez, secretario del Consejo Directivo de la asociación, al referirse a los costos de conversión que enfrentan las estaciones.

Desde el sector aclaran que el ritmo de adopción de nuevas tecnologías no responde a una falta de interés por parte de los operadores, sino a un contexto económico y regulatorio que muchas veces actúa como freno. A los mayores costos se suman los tiempos y la complejidad para obtener permisos para estaciones multimodales o electrolineras.

“Necesitamos trabajar de la mano con la Comisión Nacional de Energía para que haya mayor dinamismo en el otorgamiento de permisos”, subrayó Quiroz Hernández, al advertir que la transición ya está en marcha, pero no siempre encuentra un marco ágil que la acompañe.

Esta situación explica, en parte, por qué la reconversión de estaciones se concentra principalmente en el norte del país, como Baja California y Nuevo León, y en grandes centros urbanos como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Mérida, donde existe mayor demanda, mejor infraestructura y una adopción más temprana de la electromovilidad.

Según datos de la Electro Movilidad Asociación, al cierre de 2025 el país contaba con más de 96 mil vehículos eléctricos de distintas tecnologías, con una fuerte concentración en la CDMX, Estado de México, Nuevo León y Jalisco, así como en esas regiones la mayor parte de los más de 56 mil puntos de carga públicos y privados.

Pese a este escenario, AMPES mantiene una expectativa de crecimiento sectorial de entre 5% y 8%, impulsada principalmente por las áreas de operación y mantenimiento. Sin embargo, el propio Quiroz Hernández advirtió que ese desempeño estará condicionado por el comportamiento de la regulación, el entorno internacional y la capacidad de las estaciones para optimizar procesos en un contexto de costos crecientes.

En ese marco, el organismo reforzó la capacitación y el apoyo técnico a sus afiliados para garantizar la trazabilidad y la calidad de los combustibles, así como el cumplimiento de los controles volumétricos, en línea con la estrategia del gobierno federal para combatir el tráfico ilícito de hidrocarburos.

Asimismo, AMPES trabaja de forma coordinada con la Comisión Nacional de Energía, la ASEA, el SAT y la Profeco para orientar a las empresas frente a más de 100 requerimientos regulatorios que impactan directamente en la operación diaria de las Estaciones de Servicio.

Frente a la presión de los costos importados, la asociación considera que los biocombustibles pueden convertirse en una alternativa estratégica para el sector. La reciente publicación de la Ley de Biocombustibles y su reglamento abre la puerta a un mayor uso de mezclas con etanol, que podrían pasar del 5% actual al 10%.

“Es un sentir general del sector que los biocombustibles van a jugar un papel relevante en esta transición”, concluyó Quiroz Hernández, al señalar que el desafío será avanzar sin que los costos y la regulación terminen desincentivando la transformación del negocio gasolinero.