El subsidio al diésel en Ecuador se implementó a inicios de la década de 1980 como una medida de apoyo para los sectores productivos y de transporte, con el objetivo de mantener estables los costos internos frente a la volatilidad internacional del petróleo. Sin embargo, con el paso de los años, la medida generó una creciente presión fiscal para el Estado y abrió la puerta a fenómenos como el contrabando de combustibles hacia países vecinos. 

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el pasado viernes por la tarde su eliminación, una medida que representaba cerca de US$1.100 millones anuales para las arcas estatales. Con el cambio, el precio del galón pasará de US$1,80 a US$2,80, marcando un giro en la política de subsidios que durante años generó tensiones sociales y fiscales en el país andino.

La decisión fue comunicada a través de un decreto ejecutivo que establece que el nuevo valor de US$2,80 por galón se mantendrá hasta el 11 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, entrará en vigor una fórmula de cálculo basada en cinco variables: el precio de paridad de importación, el costo del flete, el seguro, el uso de infraestructura hidrocarburífera y un análisis financiero del comportamiento del diésel durante los últimos 30 días.

El Gobierno defendió la medida argumentando que el subsidio beneficiaba de forma desproporcionada a sectores con mayor capacidad económica, generando inequidades en la distribución de recursos públicos.

Al mismo tiempo, aseguró que el incremento no impactará en las tarifas del transporte público, y que se fortalecerán programas de asistencia social y créditos productivos dirigidos a campesinos y grupos vulnerables.

Históricamente, el retiro de subsidios a combustibles en Ecuador ha sido un tema altamente sensible. Tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso intentaron aplicar incrementos en los precios, lo que derivó en fuertes protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

Consultado por Surtidores LATAM, el secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, Oswaldo Erazo, fue categórico: “Los subsidios no cumplieron su objetivo y generaron distorsiones. La alta dependencia de importaciones de combustibles fue una de las razones del subsidio. La decisión de reducirlo en el diésel (aún mantiene $0,16/gl) es valiente, aunque hubiese sido mejor hacerlo de forma gradual”.

Ecuador no es el único país de la región que ha enfrentado tensiones en torno a los subsidios a los combustibles. En naciones como, Venezuela o Bolivia, los esquemas de apoyo estatal también fueron cuestionados por su alto costo fiscal y por beneficiar en mayor medida a consumidores con mayor poder adquisitivo.