En México, el problema del robo de combustibles dejó de limitarse a la perforación clandestina de ductos para evolucionar hacia mecanismos más complejos, difíciles de detectar y con fuerte impacto económico. El llamado huachicol fiscal, basado en la importación de gasolina bajo clasificaciones arancelarias incorrectas para evadir impuestos, se consolidó como una de las principales amenazas para el mercado formal, al tiempo que abrió espacio a la circulación de combustibles adulterados que comprometen el funcionamiento de los vehículos.

La operatoria combina legalidad aparente y evasión real. El combustible se compra de manera regular en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, pero al ingresar a México es declarado como si se tratara de insumos con menor carga tributaria. A través de redes de corrupción en puertos y cruces fronterizos, esos volúmenes terminan comercializándose sin pagar los gravámenes correspondientes, generando una ventaja de precio imposible de igualar para la cadena formal.

La escala alcanzada por este circuito quedó expuesta tras los aseguramientos realizados durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, período en el que se incautaron 98 millones de litros de combustible ilegal en el país. Más que un dato policial, la cifra funciona como indicador del tamaño de un mercado paralelo que opera con lógica industrial.

Esa lógica se explica, en gran medida, por el volumen que permite el contrabando fiscal. Mientras la extracción clandestina desde ductos suele limitarse a cargas cercanas a los 50 mil litros por operación, el ingreso por vía marítima o ferroviaria habilita movimientos exponencialmente mayores. Un solo buque puede transportar hasta 50 millones de litros, y cada carro cisterna ferroviario supera los 113 mil litros. La posibilidad de introducir grandes cantidades en poco tiempo reduce riesgos operativos y multiplica la rentabilidad total, incluso considerando el costo de compra del combustible y los gastos logísticos.

De acuerdo con datos de PetroIntelligence, el litro de gasolina Magna promediaba 23.32 pesos en México a comienzos de febrero, mientras que la gasolina regular en Texas se ubicaba en 11.46 pesos por litro. La diferencia responde principalmente a la carga impositiva: alrededor de 13 por ciento del precio final en Estados Unidos frente a niveles que pueden alcanzar 44 por ciento en México, equivalentes a unos 10.40 pesos por litro. En términos prácticos, lo que un consumidor mexicano paga solo en impuestos se acerca al valor total del combustible del otro lado de la frontera.

Ese desfasaje crea el incentivo perfecto para la evasión. Incluso vendiendo por debajo del precio de mercado, el combustible ingresado sin tributar puede ofrecer márgenes elevados. Así, el huachicol fiscal no solo reduce la recaudación pública, sino que altera las condiciones de competencia para las estaciones de servicio que operan dentro de la legalidad.

A la distorsión económica se suma un riesgo técnico creciente: la adulteración. Estudios de laboratorio detectaron irregularidades en hasta 35 por ciento de las muestras analizadas en controles que superan las 2.500 inspecciones anuales.

Según explicó a Surtidores Latam, Andrés Gutiérrez Torres, director del laboratorio Ciefsa, en algunos casos los propios expendios desconocen la irregularidad del producto, mientras que en otros se evita realizar controles adicionales para sostener precios competitivos en un mercado presionado por la oferta ilegal. Cuando el combustible falla, advirtió, quien finalmente asume el costo es el consumidor.

El avance del huachicol fiscal revela así un fenómeno más profundo que el delito energético tradicional. Se trata de una combinación de incentivos fiscales desalineados, diferencias internacionales de precios, capacidad logística del crimen organizado y debilidades en los sistemas de control de calidad. Sus efectos se extienden desde la recaudación del Estado hasta la confianza en las estaciones de servicio y el desempeño del parque vehicular.