La reciente iniciativa de reforma constitucional propuesta en la Cámara de Diputados para eliminar organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha provocado inquietud en el sector energético, especialmente entre empresarios del sector gasolinero. Este proyecto, que pretende transferir las atribuciones de la CRE a la Secretaría de Energía (SENER), asegura que los recursos ahorrados se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar y que se respeten los derechos laborales de los servidores públicos. Sin embargo, los efectos sobre la inversión privada y la transparencia regulatoria son motivo de preocupación para el sector.

En conversación con Surtidores Latam, David Hernández, especialista en sustentabilidad empresarial, advirtió sobre los riesgos de esta reestructuración. Para los inversionistas, la CRE representa un órgano importante que, al operar de manera independiente, permite una supervisión normativa confiable y previsible.

“Como toda inversión en energía, requiere un marco regulatorio claro y estable. La CRE ha sido esencial en definir esas reglas para los inversionistas privados y mantener un terreno justo y competitivo. Su eliminación introduce un alto grado de incertidumbre”, explicó Hernández.

Asimismo, el sector gasolinero en México ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años, con una apertura del mercado a empresas y una expansión de nuevas Estaciones de Servicio. Sin embargo, según Hernández, la desaparición de este organismo regulador podría frenar este desarrollo, debido a la falta de garantías estables.

“La incertidumbre que se genera al no tener claridad sobre cómo la SENER tomará las funciones de la CRE afecta directamente las decisiones. Muchos empresarios pueden optar por esperar antes de lanzar proyectos o ampliar su infraestructura, y eso reduce la competencia”, comentó el experto.

Aún no se han publicado los detalles sobre la estructura y procedimientos que la SENER adoptaría para asumir el rol de la CRE. Para Hernández, la falta de claridad es un problema de fondo: “Si bien el Ejecutivo ha impulsado reformas con celeridad, la absorción de una función tan específica y técnica como la de la CRE requeriría un proceso de adaptación detallado. Se necesitan certezas sobre temas específicos como la autorización de permisos, regulación de precios y condiciones de competencia. Al día de hoy, eso no está claro”.

Cabe señalar que la reforma debe recorrer un camino legislativo complejo. Primero, requiere la aprobación de la Cámara de Diputados y luego del Senado. Si ambas cámaras ratifican el cambio, este debe pasar a las legislaturas estatales, donde al menos 17 estados deben aprobarlo para que entre en vigor. “A pesar de la velocidad con la que el Ejecutivo ha impulsado otras reformas, en este caso el proceso y la adaptación de las funciones regulatorias de la CRE podrían llevar tiempo”, sostuvo el especialista.

Ante esto, Hernández ratificó que aún se desconoce cómo el gobierno federal garantizará que la SENER, un ente con intereses distintos, mantenga condiciones equitativas para todos los actores del mercado. “La CRE ofrece reglas del juego transparentes e independientes, lo que es fundamental para la confianza de que sus proyectos no estarán sujetos a cambios súbitos o decisiones arbitrarias. Si bien el objetivo de reducir duplicidad de funciones y ahorrar recursos es legítimo, el riesgo de concentrar el poder en un solo ente puede ser alto”, afirmó.