La volatilidad del mercado internacional del petróleo, agudizada por el conflicto en Medio Oriente, comienza a trasladarse con fuerza a las economías locales, generando una serie de efectos que van mucho más allá del precio en surtidor. En Paraguay, el encarecimiento sostenido de los combustibles ya impacta en toda la cadena, desde la regulación hasta la dinámica competitiva del mercado y las condiciones de trabajo de sectores altamente dependientes.

Uno de los primeros efectos concretos se observa en el plano regulatorio. El Senado analiza un proyecto de ley que busca obligar a importadores, distribuidores y Estaciones de Servicio a transparentar la estructura de precios, desagregando cada componente que incide en el valor final que paga el consumidor. 

La iniciativa responde a una creciente demanda social por mayor claridad en la formación de precios, en un momento donde las subas se trasladan rápidamente, pero las bajas no siempre lo hacen con la misma velocidad.

El esquema propuesto asigna al Ministerio de Industria y Comercio la responsabilidad de publicar informes periódicos con el detalle de costos, tales como precio de origen, logística internacional, distribución interna, comercialización minorista, carga impositiva y eventuales subsidios. Además, prevé sanciones para quienes incumplan con la entrega de información o presenten datos inconsistentes. Según sus impulsores, experiencias similares en otros mercados permitieron mejorar la competencia y reducir distorsiones en la cadena de comercialización.

Sin embargo, los cambios avanzan más allá de lo institucional. El impacto económico comienza a sentirse con fuerza en actividades como el transporte por plataformas. Desde la Asociación de Conductores, expresaron a Surtidores Latam que el sector atraviesa una situación “bastante complicada” debido al aumento del combustible, lo que obliga a los choferes a extender sus jornadas para sostener sus ingresos, aunque desde las apps como Uber y Bolt reconocen que el problema está atado a factores internacionales que escapan a su control.

En paralelo, la crisis también está generando rispideces dentro del propio mercado de combustibles. Mientras los emblemas privados trasladaron con rapidez los incrementos internacionales, con subas de hasta G. 1.730 por litro en pocas semanas, la petrolera estatal Petropar aplicó un ajuste significativamente menor, de G. 450 por litro.

La brecha abrió un fuerte debate entre los operadores. Referentes del sector privado como Ricardo Escauriza, del emblema Petrochaco, sostienen que la empresa estatal estaría vendiendo por debajo de su costo, en un intento por amortiguar el impacto social de los aumentos. El costo de reposición del gasoil ya se ubica cerca de los G. 8.000 por litro sin incluir márgenes comerciales, lo que alimenta las sospechas sobre una posible distorsión en la competencia.

La menor suba aplicada por Petropar generó una sobredemanda en sus estaciones de servicio, lo que comienza a traducirse en faltantes de combustible en distintas regiones del país. En algunos puntos, especialmente en zonas de frontera, se reportan incluso “mangueras caídas” ante la imposibilidad de sostener el ritmo de despacho.