En Colombia, el modelo de integración vertical en el mercado de combustibles líquidos derivados del petróleo genera beneficios operativos y controversias regulatorias. Esta práctica permitida y generalizada en el sector permite que una misma empresa controle desde la refinación o importación hasta la venta minorista, lo que según varios analistas puede mejorar la eficiencia, pero también distorsionar la competencia.

“La integración vertical trae ventajas innegables como economías de escala, reducción de costos de intermediación, mayor cobertura y calidad en la prestación del servicio”, explicó el abogado Santiago Martínez Pinto, especialista en combustibles y fundador de la firma Faroo Legal en diálogo con Surtidores LATAM.

Sin embargo, Martínez advierte que esta estructura también conlleva riesgos para el ecosistema de los pequeños distribuidores. “Permite que quienes tienen más músculo financiero compitan aguas abajo en mercados especializados como el minorista, sacrificando márgenes para iniciar campañas agresivas de precios. Eso expulsa a muchos minoristas que no pueden sostenerse en esas condiciones”, sostuvo el experto. En la práctica, este fenómeno termina concentrando aún más el poder económico y de mercado en manos de unos pocos.

El conflicto no es nuevo, pero sí se intensificó con la diversificación del mercado y la consolidación de grandes marcas. Según Martínez, aunque antes el dominio recaía en unas cinco grandes compañías como Chevron, ExxonMobil, Petrobras o Shell, hoy se han sumado nuevos actores con capacidades logísticas e infraestructura sólidas. “Esta realidad genera un desbalance competitivo evidente en el mercado minorista y también afecta a los comercializadores industriales”, indicó.

Desde las agremiaciones de minoristas, la lucha ha sido constante. “Hay gremios fuertes que han intentado acciones legales frente al regulador de la competencia y el Ministerio de Minas. Sin embargo, aún no se ha producido ningún fallo que sienta precedentes reales”, señaló Martínez Pinto.

En teoría, la regulación colombiana establece que debe existir una competencia leal entre los distintos segmentos del mercado. “La norma dice que cada uno debe mantenerse en su segmento, y que la competencia debe ser justa. Pero entre lo que establece la regulación y lo que ocurre en la práctica hay una distancia enorme” denunció el abogado.

A nivel económico, el experto aclara que no se trata de proteger a los agentes menos eficientes, sino de generar condiciones para que todos puedan competir. “Las normas de competencia no deben usarse para proteger a los ineficientes, pero tampoco para permitir que los poderosos destruyan el mercado minorista a través de prácticas que no generan valor agregado sino concentración”, afirmó.

Finalmente, Martínez Pinto también alertó sobre la competencia dentro del mismo sector. “Incluso entre distribuidores minoristas hay una brecha: hay grandes operadores con decenas de estaciones de servicio y pequeños empresarios con una o dos. Esa diferencia también altera la dinámica del mercado y debería ser tomada en cuenta por los reguladores”, concluyó.