Las negociaciones en la Secretaría de Energía (SENER) para establecer un precio tope a la gasolina regular en México estuvieron marcadas por desacuerdos y tensiones entre el gobierno y el sector gasolinero. A pesar de las intensas conversaciones, las diferencias entre ambas partes resultaron demasiado significativas, impidiendo la concreción de un acuerdo definitivo.

En conversación con Surtidores Latam, Pedro Aguirre Portilla, CEO de Verifigas, explicó que la volatilidad del mercado, influenciada por factores externos como la política económica del gobierno de Donald Trump y la fluctuación del tipo de cambio, complicó el control de los precios del combustible.

«El 70-75% del consumo de gasolina en México depende de la importación, y si esta se dolariza, el esfuerzo del Estado por lograr la autosuficiencia energética se vuelve aún más complejo», señaló.

El planteamiento del gobierno de fijar un precio máximo a la gasolina genera preocupación en el sector gasolinero. Aguirre Portilla indicó que esta medida podría obligar a las empresas a reducir sus costos operativos en un 25-30% para mantener su rentabilidad, lo que generaría un impacto negativo en la calidad del servicio, la logística y la distribución del combustible. 

«El gobierno pide al gremio que reduzcan sus ganancias, pero sin una contraparte clara en la disminución de impuestos al combustible, lo que puede resultar en un desequilibrio financiero», afirmó.

Uno de los mayores retos de esta propuesta es su impacto en la recaudación fiscal. Los impuestos sobre la gasolina representan una de las principales fuentes de ingresos del Estado. En ese sentido, una reducción en los precios sin un ajuste en la carga fiscal podría generar tensiones adicionales entre el sector público y privado.

Para Aguirre Portilla, la solución debía basarse en un ajuste escalonado tanto en los precios del combustible como en los impuestos, permitiendo que el sector empresarial se adapte progresivamente sin afectar gravemente su rentabilidad. 

«El objetivo es mantener la competitividad del mercado, evitar el deterioro de la calidad del servicio y garantizar que la carga económica no recaiga únicamente en las empresas gasolineras», concluyó.