La elección de Laura Fernández Delgado como nueva presidenta de Costa Rica marca el inicio de un ciclo político que también genera expectativas en el sector energético y de los combustibles, atento a las señales que pueda emitir la futura administración a partir de su asunción el 8 de mayo.

La candidata del partido Pueblo Soberano, fuerza de centroderecha vinculada al presidente saliente Rodrigo Chaves, obtuvo una amplia victoria electoral y prometió encabezar un gobierno de “diálogo y concordia nacional, respetuoso y firme del Estado de derecho”, delineando un escenario de continuidad institucional con posibles ajustes en áreas estratégicas como energía, seguridad del suministro y modernización regulatoria.

En este sentido, dentro del sector de los combustibles predomina, por ahora, una postura de cautela. Representantes empresariales señalaron que aún no existe un panorama claro sobre la hoja de ruta energética del nuevo gobierno y que las definiciones comenzarán a vislumbrarse tras los primeros nombramientos en organismos estratégicos.

Entre ellos sobresalen la presidencia ejecutiva de RECOPE, los ministerios vinculados al área energética y otras entidades autónomas con incidencia directa en la política de combustibles, regulación de precios e infraestructura.

Desde la Cámara empresarial del sector indicaron a Surtidores Latam que, una vez producido el cambio de mando, esperan avanzar en instancias de diálogo con las nuevas autoridades para conocer las prioridades oficiales y plantear los principales desafíos del mercado.

En su propuesta programática, Fernández adelantó una agenda con impacto directo en el sector:

• Impulso a combustibles más limpios para reducir emisiones.
• Sistemas de trazabilidad para combatir el robo de combustibles, una problemática creciente en la región.
• Optimización del sistema eléctrico nacional, fundamental para la competitividad energética.
• Incentivos a energías renovables para empresas y MIPYMES, con potencial efecto en la demanda de combustibles tradicionales.

Estas líneas sugieren una política orientada a compatibilizar transición energética con seguridad de abastecimiento, un equilibrio central para economías que aún dependen de los hidrocarburos para transporte y actividad productiva.

Para el ecosistema de distribución y comercialización de combustibles, el principal interrogante pasa por el grado de continuidad o cambio en el modelo energético costarricense, especialmente en lo relativo al rol de RECOPE, la estructura de precios y la incorporación de nuevas tecnologías energéticas.

La definición de estos ejes será determinante para la inversión en infraestructura, logística y modernización del sistema de abastecimiento, en un contexto regional donde la transición energética avanza de manera heterogénea.

Con la asunción presidencial aún por delante, el sector observa con atención los próximos movimientos políticos, consciente de que las decisiones iniciales del nuevo gobierno podrían marcar el rumbo del mercado de combustibles en Costa Rica durante los próximos años.