En medio de la creciente crisis desatada por el contrabando de combustibles en la Triple Frontera, un nuevo episodio trágico deja en evidencia los peligros asociados a esta práctica ilícita.

Dos personas, un conductor paraguayo y su acompañante, sufrieron quemaduras graves cuando el vehículo que transportaba nafta ilegalmente se incendió cerca de un surtidor en Puerto Iguazú, colindante con Ciudad del Este (Paraguay) y Foz de Yguazú (Brasil).

Este incidente no solo refleja el riesgo constante para quienes participan en el contrabando, sino que también destaca la urgente necesidad de abordar este problema desde una perspectiva más amplia.

Miguel Corrales, presidente de la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicio y Afines (APESA), ha expresado a Surtidores Latam sus inquietudes sobre las víctimas que emergen debido a la competencia desleal generada por la venta ilegal de combustible.

La seguridad de optar por estaciones de servicio convencionales cobra relevancia en este contexto. Las instalaciones legalmente establecidas están equipadas con medidas de elementos adecuados, protegiendo tanto a los consumidores como al personal. Es esencial destacar la importancia de elegir fuentes confiables de recargas para evitar riesgos innecesarios.

Corrales subrayó la colaboración activa entre APESA y las autoridades del nuevo gobierno para fortalecer los controles en las fronteras. Este esfuerzo conjunto busca no solo salvaguardar el sector de los hidrocarburos sino también proteger a la comunidad en general. Además, la conciencia pública sobre los riesgos asociados al contrabando puede contribuir a disuadir estas prácticas y fomentar el respaldo a las estaciones de servicio legítimas.

Por su parte, la petrolera estatal ha decidido disminuir sus precios a la ciudadanía, achicando la brecha cambiaría con Argentina e intentando combatir este dilema.

La tragedia reciente resalta la necesidad apremiante de una acción coordinada para abordar el contrabando de combustibles, proteger a la población de la región y preservar la integridad de las industrias afectadas. La seguridad y el bienestar de la sociedad dependen de medidas efectivas que desalienten estas actividades ilícitas y promuevan prácticas comerciales legales y seguras.