Este miércoles 12, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con el director general de PEMEX, anunció en su conferencia matutina la medida central del pacto voluntario de precios al público de gasolinas y diésel en el país. El acuerdo establece un precio de mayoreo de 22 pesos por litro para la gasolina regular y un precio al público objetivo de 24 pesos por litro en todas las Estaciones de Servicio del territorio nacional.

El anuncio surgió tras semanas de especulación en torno a un supuesto «gasolinazo», provocado por un ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 4.54%, equivalente a aproximadamente 30 centavos por litro. Alejandro Montufar Helú, CEO de PETROIntelligence, explicó que esta medida dista mucho de los aumentos superiores a 2 pesos por litro registrados en 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

«Desde hace más de una década, el IEPS se ha ajustado anualmente, y los precios han mantenido estabilidad en relación con la inflación», señaló Montufar. Entre 2018 y 2024, el incremento de precios ha sido de entre 21% y 25%, mientras que la inflación acumulada ha superado el 30%.

Sin embargo, la narrativa en torno al alza de precios ha sido conflictiva. «El programa ‘Quién es Quién en los Precios’ (QQP) de la PROFECO ha generado un mal diagnóstico del problema al calificar como ‘excesivamente altos’ ciertos precios sin considerar las causas estructurales», advirtió Montufar. El mismo enfatizó en que el contrabando fiscal, estimado en un 30% de la demanda nacional según el SAT, ha provocado una distorsión en los precios. «El programa castiga a estaciones con precios altos asumiendo que abusan del mercado, y premia a quienes venden barato sin evaluar si operan dentro de la legalidad», sostuvo.

Montufar también hizo foco en la ausencia de instituciones clave como la nueva Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Nacional de Energía (CNE) en la discusión. «Ambas deberían desempeñar un papel activo en la trazabilidad de los precios y la regulación del mercado», mencionó.

Asimismo, el pacto voluntario enfrenta varios desafíos, según el CEO de PETROIntelligence. «Muchas terminales de PEMEX venden por encima de 22 pesos por litro, lo que implicará un subsidio del 8% al 10% de la recaudación del IEPS en 2024″, estimó. Por otro lado, la medida podría no tener el impacto esperado en los costos al público, dado que estos dependen en un 50% de los valores internacionales, en un 40% de impuestos y en un 10% de la cadena de valor (comercialización, distribución y expendio). «El gobierno tiene mayor control sobre el factor fiscal, pero no sobre el de mercado», comentó.

Entre los efectos negativos que podrían derivarse del pacto, Montufar destacó el aumento en el contrabando y la adulteración de combustibles. «Si las estaciones no pueden recuperar costos legalmente, algunas podrían recurrir a la venta de gasolina adulterada o a despachar litros incompletos», declaró. 

Finalmente, Montufar resaltó que la estrategia fiscal ha sido históricamente más efectiva para controlar los precios sin generar distorsiones. «El IEPS ha permitido estabilizar el mercado sin afectar la estructura económica del sector. Considerando los ingresos fiscales récord por gasolina y diésel en 2024, existe margen para manejar los precios sin recurrir a medidas que podrían generar efectos contraproducentes», concluyó.