La crisis financiera de Petroperú avanza sin pausa y vuelve a poner contra las cuerdas al Estado peruano, que una vez más se ve obligado a acudir en su auxilio para cubrir obligaciones impagas. Los reiterados incumplimientos de la compañía confirman un patrón que ya preocupa a especialistas y organismos de control, pues el salvataje constante amenaza con deteriorar la estabilidad fiscal del país.

En los últimos meses, los compromisos no atendidos por la petrolera estatal obligaron al Gobierno a activar garantías y desembolsar nuevos recursos. A los más de S/6,000 millones que el Ejecutivo debió capitalizar previamente como accionista, se sumaron cerca de S/650 millones adicionales entre junio y julio, tras la ejecución de avales otorgados por el propio Estado. El Banco Central de Reserva informó el 14 de agosto la “honra de garantía” por S/210 millones, vinculada a la línea de crédito de comercio exterior que el Banco de la Nación otorgó a Petroperú. Un mes antes, el 18 de julio, había comunicado un movimiento similar por S/437 millones.

Para el exviceministro de Energía Arturo Vásquez, la situación no deja lugar a dudas: “Petroperú está en una situación de insolvencia, con muy poca generación de flujo de efectivo operativo”. El especialista sostiene que la compañía no tiene capacidad para atender el servicio de la deuda pendiente y que su supervivencia depende de la asistencia estatal. Recordó que el Decreto de Urgencia N.° 013-2024 ya autoriza al Tesoro Público a cubrir obligaciones con los bonistas, lo que, en la práctica, implica un salvataje encubierto y a cuentagotas que podría extenderse indefinidamente.

El problema no es solo coyuntural, sino estructural. Las pérdidas acumuladas de Petroperú ya superan el 50% de su patrimonio, una señal de alerta que, según la Ley General de Sociedades, obligaría al directorio a convocar a los accionistas para decidir si inyectan nuevos aportes o asumen la pérdida. El panorama se torna más crítico si el deterioro continúa y el patrimonio neto cae por debajo de un tercio del capital, escenario que abriría la puerta a la causal de disolución de la compañía.

Las advertencias no vienen únicamente del ámbito local. La calificadora Moody’s ha señalado que los rescates reiterados ponen en riesgo la estabilidad fiscal de Perú, al destinarse recursos públicos a cubrir los déficits de una empresa ineficiente en lugar de canalizarlos hacia infraestructura, educación, salud o seguridad. En una reciente entrevista, Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de la agencia, fue contundente: “Se están malgastando recursos en darle apoyos a Petroperú”.

El Consejo Fiscal también recogió estas preocupaciones en su opinión sobre el Marco Macroeconómico Multianual, alertando que la difícil situación de la petrolera es uno de los riesgos que podrían alterar las proyecciones oficiales y agravar la vulnerabilidad de las cuentas públicas.

Mientras tanto, los números refuerzan el diagnóstico pesimista. Al cierre de junio de este año, Petroperú reportó pérdidas por más de US$278 millones, acumulando un rojo total de US$2,148 millones. En su informe a la Superintendencia del Mercado de Valores, la empresa atribuyó la caída a factores externos como el cierre de puertos y la baja en los precios internacionales del crudo. Sin embargo, para los analistas, esos argumentos no alcanzan para explicar un deterioro tan pronunciado, marcado por deficiencias de gestión, atrasos en proyectos clave y un nivel de endeudamiento insostenible.

La pregunta que surge es hasta cuándo el Estado podrá continuar respaldando a la empresa sin comprometer aún más la sostenibilidad fiscal. Cada nuevo desembolso alimenta la percepción de que Petroperú se ha convertido en una carga difícil de sostener para las finanzas públicas. Para algunos, la situación ya es irreversible y solo queda discutir cómo reestructurar o reducir el peso de la compañía; para otros, aún existe margen para intentar una recuperación, aunque el costo político y económico crece con cada rescate.