La crisis financiera que atraviesa Petroperú ha alcanzado un punto crítico tras el enfrentamiento entre su directorio y la Junta General de Accionistas (JGA), compuesta por altos funcionarios del gobierno. El pasado 27 de agosto, el directorio de la estatal petrolera emitió un comunicado público exigiendo claridad sobre el respaldo financiero y normativo del gobierno.
En declaraciones exclusivas con Surtidores LATAM, César Gutiérrez Peña, expresidente de Petroperú y analista del sector energético, calificó de inapropiada la estrategia adoptada por el directorio al hacer públicas sus exigencias.
“Consideré inapropiada la posición tomada por el directorio de hacer públicas sus exigencias, esto correspondía discutirse al interior con los miembros de la JGA conformada por el Ministro de Economía y Finanzas y sus dos viceministros y el Ministro de Energía y Minas y su Viceministra de Hidrocarburos”, mencionó.
En ese sentido, Gutiérrez agregó: “En una evaluación política los ministros no podían aparecer subordinados de un directorio que ellos habían nombrado, era iluso pensar que se impondrían”.
El conflicto entre el directorio y la JGA duró más de diez días, tiempo durante el cual el gobierno evaluaba opciones para mantener la viabilidad de Petroperú sin desestabilizar aún más la economía del país. Con un déficit fiscal que ha crecido del 2.8% al 4.0% del PBI, según el referente, no era viable recurrir a recursos de la caja fiscal ni capitalizar deudas estatales, lo que hubiera representado un golpe adicional para las cuentas del Estado.
“La decisión gubernamental estaba tomada, postergarían las acreencias estatales que vencían este año y el próximo, para el 2028 y la liquidez necesaria que requerían que asciende a 2,000 millones de dólares (MMUS$) ordenaban solicitarla a la banca comercial, garantizando la deuda con una carta fianza del estatal Banco de la Nación. Además, la contratación del administrador se haría por concurso cuyas bases estarían listas en el mes de octubre”, comentó.
Esta decisión, según Gutiérrez, fue la que precipitó el desenlace del enfrentamiento, provocando la renuncia del directorio que, ante la falta de celeridad en la aprobación de un DU, optó por dimitir.
Con la renuncia del directorio, el camino quedó despejado para que el gobierno implementara el Decreto de Urgencia, finalmente aprobado este 12 de septiembre. Cabe señalar que establece medidas extraordinarias para garantizar la comercialización de hidrocarburos y asegurar la sostenibilidad de Petroperú, aunque también exige compromisos de ahorro para la compañía, que deberá reducir sus gastos en un 10% este año y un 30% en 2025.
“El poder político del más alto nivel provocó la renuncia del directorio. Ahora, ya se anunció la publicación del DU, lo que permitirá pasar la turbulencia y ganar tiempo para un planteamiento de una solución integral, que deberá proponerla e implementarla el nuevo directorio que se nombre por la JGA. Si no se decide por personas que el sistema financiero les genere confianza, en breve plazo estaremos ante una nueva crisis”, resumió Gutiérrez.
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