La posibilidad de que un expendio de combustibles quede imposibilitado de emitir comprobantes fiscales dejó de ser una hipótesis remota para transformarse en un riesgo que preocupa cada vez más al empresariado mexicano.

En diálogo con Surtidores Latam, Alicia Zazueta Payán, directora ejecutiva de eServices, analizó el alcance del artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación y señaló que el mecanismo utilizado por el Servicio de Administración Tributaria para suspender temporalmente los Certificados de Sello Digital se convirtió en una de las herramientas de fiscalización con mayores efectos sobre la actividad diaria del sector.

La experta explicó que la medida funciona como una instancia previa a la cancelación definitiva del certificado, aunque sus consecuencias pueden sentirse desde el primer momento. Sin ese instrumento, las empresas encuentran severas dificultades para documentar operaciones comerciales y sostener el flujo habitual de negocios.

Entre las situaciones más frecuentes detectadas en el mercado aparece la falta de presentación de la contabilidad electrónica. Según detalló Zazueta, muchas empresas acumulan retrasos durante meses sin advertir que esos incumplimientos permanecen registrados en los sistemas gubernamentales hasta que finalmente son observados por la administración tributaria.

La obligación involucra el registro y transmisión de datos vinculados con inventarios, ingresos, despachos y existencias. Cuando esos elementos no son enviados conforme a los procedimientos establecidos, aumentan considerablemente las probabilidades de recibir observaciones.

La consultora remarcó que actualmente los organismos públicos cuentan con plataformas capaces de contrastar grandes cantidades de datos en períodos muy breves, lo que facilita la identificación de anomalías.

Otro foco de atención surge cuando los montos declarados no coinciden con los comprobantes emitidos, movimientos bancarios u otros antecedentes disponibles para el fisco. La especialista sostuvo que estas diferencias pueden originarse por errores administrativos aparentemente menores, aunque terminan generando alertas automáticas.

Dentro del negocio gasolinero, añadió, también aparecen divergencias relacionadas con códigos de productos, registros de adquisiciones o valores informados ante organismos reguladores que no coinciden con los reflejados en la documentación tributaria. A medida que los procesos de control incorporan mayores niveles de digitalización, este tipo de inconsistencias adquiere una relevancia creciente.

La ejecutiva destacó además una particularidad que afecta especialmente a quienes participan en la cadena de comercialización de petrolíferos. Existen casos donde cambios societarios, adquisiciones o transferencias de activos derivan en procesos de cesión de derechos que permanecen pendientes de aprobación ante las entidades competentes.

Mientras esos trámites avanzan, pueden producirse desajustes entre la documentación utilizada y las autorizaciones vigentes, situación que también puede generar consecuencias desde el punto de vista tributario.

Para Zazueta, este fenómeno demuestra que los aspectos fiscales y regulatorios mantienen una relación cada vez más estrecha. La misma recordó que la normativa contempla un procedimiento de aclaración para que los contribuyentes aporten elementos que permitan corregir o desvirtuar las observaciones realizadas.

Sin embargo, advirtió que los tiempos resultan determinantes. Una demora excesiva puede derivar en consecuencias mucho más complejas y prolongadas para la compañía involucrada. Por ese motivo, recomendó monitorear permanentemente las obligaciones vinculadas con registros contables, mediciones de inventarios, emisión de comprobantes y situación regulatoria.